Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, enfrenta una imputación judicial en el marco de una causa que incluye denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Según lo informado por Realpolitik, las acusaciones lo relacionan con un esquema de desvío de fondos públicos a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y con su estrecha colaboradora Claudia Pombo, quien cuenta con antecedentes penales por malversación de fondos.

El legislador Luciano Bugallo denunció que una parte de las ganancias brutas generadas por la VTV habría sido desviada hacia empresas fantasma creadas por Pombo y su entorno.

Además, Bugallo indicó que el ministro podría haber utilizado bienes de lujo, como vehículos costosos, que no concuerdan con sus ingresos declarados. “No puede estar al frente del Ministerio de Transporte quien utiliza el Estado para enriquecerse”, afirmó el diputado en declaraciones recogidas por Realpolitik.

Estas acusaciones también alcanzan al gobernador Axel Kicillof, a quien se le exige tomar medidas inmediatas. Legisladores provinciales y organizaciones opositoras han solicitado la renuncia de D’Onofrio y pidieron al gobierno provincial que avance con la investigación judicial sin obstrucciones. La situación pone al mandatario en una posición difícil, especialmente en un momento político marcado por las discusiones presupuestarias.

Según informó Realpolitik, las irregularidades incluyen también la participación de otras figuras, como Mario Quattrochi, juez de faltas acusado de incumplimiento de deberes y fraude. La cámara federal ha ordenado que estas investigaciones avancen tras intentos previos de detenerlas.

Por su parte, desde la oposición destacan que el caso podría ser ejemplar en el debate sobre la Ley de Ficha Limpia, que busca impedir que funcionarios con antecedentes judiciales accedan a cargos públicos.

En paralelo, se cuestiona la transparencia en la gestión de la VTV, un servicio obligatorio que genera ingresos millonarios. Según los denunciantes, la opacidad en el manejo de estos fondos refuerza las sospechas sobre la existencia de una red de corrupción enquistada en la administración pública bonaerense. Este escenario plantea la necesidad de reformas estructurales para garantizar la transparencia en el uso de recursos estatales.