Intentan blindar el Concejo y crece la tensión política en Mar Chiquita por las restricciones a las filmaciones

Una fuerte polémica se desató en Mar Chiquita luego de la presentación de un proyecto impulsado por el bloque de Fuerza Patria que propone modificar el reglamento interno del Concejo Deliberante y establecer nuevas restricciones sobre el funcionamiento de las comisiones legislativas.

La iniciativa plantea que cualquier transmisión, filmación o difusión audiovisual de reuniones de comisión deberá ser previamente autorizada por mayoría simple de los concejales presentes y que, en caso de aprobarse, solo podrá realizarse a través de los canales oficiales del Municipio.

Además, el proyecto también establece que la presencia de personas ajenas al cuerpo deliberativo, incluyendo asesores externos, técnicos o terceros, deberá contar con autorización previa de los concejales integrantes de cada comisión.

La propuesta generó críticas dentro de sectores opositores, donde interpretan que las modificaciones apuntan a limitar la publicidad de las discusiones legislativas y controlar qué reuniones pueden ser difundidas públicamente.

Dentro de ese escenario también apareció una fuerte tensión política alrededor del dirigente opositor Cristian Sebastián León. Según denunciaron desde su entorno, existirían intentos para impedirle la presencia dentro del recinto de sesiones del Concejo Deliberante de Mar Chiquita.

La situación además sumó cuestionamientos hacia Martín Eduardo Ibarlucia, juez de Paz subrogante de Maipú, a quien sectores críticos acusaron de “lavarse las manos” y devolver el conflicto judicial a Mar del Plata sin resolver el planteo de fondo.

El proyecto presentado por Fuerza Patria sostiene entre sus fundamentos que las comisiones necesitan “reglas claras” para garantizar su funcionamiento y preservar el normal desenvolvimiento de las reuniones legislativas. También argumenta que la difusión audiovisual debe contar con criterios previamente definidos y consensuados.

Sin embargo, la iniciativa abrió un nuevo foco de conflicto político en el distrito y reavivó cuestionamientos sobre transparencia, acceso público y funcionamiento institucional dentro del Concejo Deliberante marchiquitense.