La ciudad de La Plata vuelve a sacudirse por un escándalo judicial que involucra a su exintendente, Julio Garro, acusado de encabezar una red de negocios inmobiliarios ilegales durante sus dos mandatos.

La causa, instruida por el fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, investiga asociación ilícita, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta, en el marco del programa de habilitaciones de barrios privados sin convalidación provincial.

Según la investigación, el esquema habría funcionado a través de convenios irregulares con desarrolladores, quienes obtenían permisos fuera de norma a cambio de contratar empresas vinculadas a funcionarios o entregar parte de las tierras al municipio.

Los expedientes revelan aumentos injustificados de costos y pagos de “plusvalías” que beneficiarían a un reducido grupo de empresarios y exfuncionarios.

Entre los señalados figuran Marcelo Genoro (exdirector de Obras Viales), Nahuel Paradela (exsubsecretario de Servicios Públicos) y los empresarios Ariel Bordigoni, Cecilia Mayocchi, Leandro Arrechea y Facundo Dadin, todos vinculados a los desarrollos bajo la lupa.

Uno de los casos más llamativos es el del barrio La Cañada, en City Bell, donde un convenio por una rotonda pasó de 39 a 64 millones de pesos en semanas, sin sustento técnico. Para la fiscalía, se trata de un ejemplo claro de sobreprecio y connivencia público-privada.

La ofensiva judicial ya tuvo consecuencias concretas: se realizaron allanamientos en la vivienda de Garro en el country Grand Bell, así como en oficinas de constructoras y domicilios de exfuncionarios. Se secuestraron contratos, computadoras y planos que actualmente son analizados por los peritos.

Garro, que tras dejar la intendencia tuvo un breve paso por el gobierno nacional de Javier Milei como subsecretario de Deportes, guarda silencio público, mientras su entorno habla de persecución política. La defensa está a cargo del abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando.

En paralelo, la gestión actual de Julio Alak suspendió más de 400 proyectos inmobiliarios por irregularidades, y el secretario de Planeamiento, Sergio Resa, confirmó ante la Justicia que muchos expedientes “no cierran por ningún lado”.

El fiscal Condomi Alcorta busca ahora cruzar la documentación incautada con registros notariales y pagos municipales, lo que podría derivar en la imputación formal del propio Garro. Fuentes judiciales aseguran que el expediente apunta a una trama de corrupción estructural que habría convertido a La Plata en “un paraíso de negocios ilegales a costa del Estado y los vecinos”.