La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, apenas dos jornadas después de que la Ley 27.801 entrara en vigencia a nivel nacional. La medida fue ordenada este lunes por la jueza Marta Elba Pascual, quien hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado en representación de adolescentes privados de libertad.

La magistrada puso el foco en las condiciones disponibles para recibir a una mayor cantidad de menores alcanzados por el sistema penal. En su resolución cuestionó si la Provincia cuenta con infraestructura, instituciones y profesionales suficientes para garantizar los estándares exigidos en materia de derechos de niños y adolescentes.

Pascual advirtió que la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años podría provocar un aumento considerable de menores detenidos y una mayor permanencia dentro de los centros existentes. También señaló que un eventual hacinamiento podría incrementar los niveles de violencia e inseguridad dentro de los propios establecimientos.

La jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10, donde funcionarios del Ejecutivo bonaerense deberán explicar qué medidas fueron adoptadas para implementar el régimen, cuáles se proyectan y en qué plazos. Seguridad, Justicia y el organismo provincial de Niñez deberán garantizar el cumplimiento de la suspensión mientras continúe vigente.

La Ley 27.801 establece un máximo de 15 años de privación de la libertad, prohíbe las penas perpetuas para menores e incorpora sanciones alternativas y monitoreo electrónico. Para delitos con penas de hasta tres años contempla medidas como tareas comunitarias, reparación del daño y restricciones de acercamiento.

La decisión también provocó una reacción política inmediata. Patricia Bullrich apuntó contra Axel Kicillof y cuestionó tanto al gobierno bonaerense como a la Justicia provincial, a los que acusó de mantener una postura favorable hacia quienes delinquen.