La causa por préstamos salpica a Alejandro Carrancio y deja al descubierto fisuras en su estructura territorial

El dirigente de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio, quedó alcanzado por la investigación que impulsa el juez Ariel Lijo sobre presuntas irregularidades en créditos otorgados por el Banco Nación, en un escenario que lo encuentra además con dificultades en su armado político en la provincia de Buenos Aires.

La causa avanza tras el impulso del fiscal Gerardo Pollicita, quien pidió medidas de prueba para determinar si los préstamos fueron otorgados respetando los requisitos establecidos. En ese marco, Lijo solicitó a la Auditoría General de la Nación una auditoría integral sobre la política de créditos hipotecarios en los últimos tres años.

Carrancio figura dentro del listado de funcionarios y legisladores investigados, en una causa que incluye a dirigentes vinculados al oficialismo libertario. El expediente busca establecer si existieron beneficios indebidos, irregularidades o flexibilizaciones en los criterios de otorgamiento.

En paralelo, el escenario político en la provincia comienza a mostrar movimientos que impactan directamente en su proyección. En la Quinta Sección Electoral, donde Carrancio tiene injerencia, se registraron salidas de dirigentes que se alejaron del espacio libertario para sumarse a Consolidación Argentina, el armado que impulsa el pastor Dante Gebel.

Entre los casos más recientes aparecen dos concejales, Patricia Heltner y Luis Vivas, además de un armador territorial, en una maniobra que habría sido coordinada por Cristian León, ex candidato en Mar Chiquita y hoy vinculado al espacio de Gebel.

Este corrimiento golpea la estructura política en la región y pone en discusión la solidez del armado libertario, en un contexto donde las internas dentro del oficialismo se intensifican y se multiplican los reacomodamientos.

A nivel judicial, Lijo también requirió documentación clave al Banco Nación, como legajos crediticios, comprobantes de ingresos, escrituras y evaluaciones financieras, con el objetivo de reconstruir el proceso de aprobación de los préstamos. Además, pidió informes sobre posibles Reportes de Operación Sospechosa.

La investigación incluye el análisis de la normativa vigente, los cambios introducidos en los últimos años y el detalle de los créditos otorgados a funcionarios y legisladores. El avance de la causa suma presión en un momento donde las definiciones políticas comienzan a cruzarse con expedientes judiciales.