La causa que compromete a Lorena Villaverde remece los cimientos políticos de Río Negro

Crece la tensión política en Río Negro tras el avance de la causa contra el empresario Federico “Fred” Machado, próximo a ser extraditado a Estados Unidos por lavado de activos, y la presentación judicial que vincula al caso a la senadora electa de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde.

La situación no solo genera impacto en el escenario nacional, sino que pone bajo observación al gobierno provincial que conduce Alberto Weretilneck, donde algunos de los involucrados en el armado libertario mantuvieron vínculos en gestiones anteriores.

La ONG ARM Global, dedicada a investigaciones sobre corrupción y narcotráfico, presentó en el Juzgado Federal número 5 un pedido para suspender la jura de Villaverde prevista para el 10 de diciembre.

El planteo solicita determinar el origen de los fondos utilizados en la campaña electoral y la trazabilidad económica de los aportes que habrían permitido su ascenso político. La presentación no cuestiona los votos ni el resultado electoral, sino la posible comisión de delitos federales.

El reclamo se enmarca en el avance del proceso de extradición de Machado, detenido en Viedma desde octubre y trasladado este sábado a Buenos Aires bajo custodia de Interpol y agentes Marshals.

Machado será enviado a Texas, donde enfrenta cargos por lavado de activos vinculados al narcotráfico. Su posible estrategia de colaboración con la justicia estadounidense alimenta la hipótesis de que pueda aportar información sobre presuntos financistas políticos en Argentina.

Según la denuncia, Villaverde formaría parte de una estructura integrada por Machado y Claudio Ciccarelli, primo del empresario y señalado como operador en el circuito económico investigado, que habría articulado triangulación de activos y pagos opacos para solventar campañas electorales.

Los delitos mencionados en la presentación incluyen «lavado de activos del narcotráfico, evasión agravada, encubrimiento y asociación ilícita».

La causa también roza a colaboradores directos de la legisladora electa. El armador político de Villaverde, Julián Goinhex, fue procesado en la provincia por fraude contra el Estado cuando ocupó la Secretaría General de la Gobernación durante una etapa del gobierno de Weretilneck.

A su vez, el actual jefe de ANSES en Villa Regina, Abelardo Calfín, aparece como responsable de dos facturas de publicidad electoral a La Libertad Avanza por más de 140 millones de pesos, montos que fueron anulados tras ser cuestionados por presuntas irregularidades en la contratación y falta de documentación respaldatoria.

A esto se suma la sospecha de uso de bases de datos de organismos públicos como ANSES y PAMI para la afiliación masiva de personas al partido libertario en la provincia.

Si la causa avanza antes del 10 de diciembre, Villaverde podría ver suspendida su asunción. En ese escenario, asumiría en su lugar el siguiente candidato de la lista, el empresario petrolero Enzo Fullone, actualmente funcionario en Vialidad Nacional.

Mientras tanto, Weretilneck se ha mantenido públicamente al margen de la controversia, aunque el desarrollo judicial podría impactar en el tablero político provincial y en la relación con La Libertad Avanza, con quien el gobierno rionegrino mantiene negociaciones permanentes en el Congreso.

La definición judicial será clave. Si no se abre el expediente antes de la jura, Villaverde tomará posesión de su cargo y la investigación continuará con ella en funciones. Si se habilita la causa, la dirigente libertaria podría enfrentar un conflicto que acapararía una lista enorme de nombres y apellidos.

El foco ahora está en los próximos días: la política espera, la justicia avanza y el escándalo se expande.