La decisión del gobierno de Javier Milei de declarar como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica generó una ola de críticas tanto a nivel interno como internacional, en medio de advertencias sobre sus posibles consecuencias diplomáticas.

Desde Irán, la respuesta fue inmediata: calificaron la medida como “ilegal y provocadora” y alertaron que dañará las relaciones bilaterales. Pero las objeciones no se limitaron al exterior. Referentes de la oposición argentina y especialistas en política internacional cuestionaron la decisión por considerar que implica un alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, sin contemplar los costos estratégicos para el país.

Analistas advierten que este movimiento podría afectar vínculos comerciales y diplomáticos, además de aumentar la exposición de Argentina en conflictos geopolíticos ajenos a su interés directo. En ese sentido, señalan que decisiones de este tipo requieren consensos amplios y una política exterior más equilibrada.

También surgieron cuestionamientos sobre el sustento jurídico de la medida, mientras algunos sectores plantean que el Gobierno prioriza una agenda ideológica por sobre una estrategia diplomática pragmática.

El episodio abre un nuevo frente de debate en la política exterior argentina y coloca a la administración de Milei en el centro de la escena, con interrogantes sobre el rumbo internacional del país y sus posibles consecuencias a largo plazo.