El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, volvió a defender públicamente su actuación frente al jury que enfrenta y aseguró que las acusaciones en su contra responden a una persecución por haber mencionado una resolución de la Corte Penal Internacional sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Durante una entrevista, afirmó que "la justicia para aplacar la verdad es injusticia" y advirtió que sancionar a un magistrado por expresar hechos públicos representa una amenaza para la independencia judicial.

López remarcó que la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu es un hecho conocido internacionalmente y sostuvo que limitar la posibilidad de mencionarlo implica avanzar sobre la libertad de expresión y el ejercicio independiente de la magistratura. En ese sentido, afirmó que el proceso en su contra busca "silenciar los hechos" más que debatir opiniones.

El magistrado también cuestionó el rol del senador Luis Juez, quien participa como fiscal en el jury, al sostener que intentó incorporar elementos ajenos al expediente durante el proceso. Además, señaló como un hecho de especial gravedad la difusión de publicaciones sobre su caso por parte del presidente Javier Milei, al considerar que el Poder Ejecutivo no debe intervenir en actuaciones correspondientes a otro poder del Estado.

Durante la entrevista, López recordó además la audiencia realizada en su juzgado en torno al accionar de la ANMAT respecto del ingreso de vacunas al país, una actuación que consideró parte de su obligación como juez de investigar los planteos formulados en el expediente. Según explicó, aquella intervención también generó fuertes cuestionamientos hacia su desempeño judicial.

El juez sostuvo que el jury representa una disputa entre "la verdad y el poder" y manifestó su expectativa de que el tribunal encargado de resolver el proceso actúe con independencia. En ese marco, expresó que espera que sus integrantes resuelvan conforme al derecho y no bajo presiones políticas o institucionales.

Asimismo, López aseguró que no posee denuncias penales ni antecedentes disciplinarios que justifiquen una sanción y diferenció su situación de otros casos de magistrados investigados por delitos graves. A su entender, el expediente disciplinario carece de fundamentos jurídicos suficientes y constituye un antecedente preocupante para el funcionamiento de la Justicia.

Sobre el cierre de la entrevista, el magistrado insistió en que la función judicial exige proteger la libertad para expresar hechos verificables y reiteró que "las leyes que no acompañan el sentimiento del pueblo son ilegítimas, y sancionar a un juez por decir la verdad es traicionar la voluntad de un pueblo". Además, manifestó su confianza en que la verdad terminará prevaleciendo por encima de las presiones que, según denunció, rodean el proceso disciplinario.