Los padres de Emilio Elías Blanco, asesinado en Chascomús el 28 de septiembre de 1997, presentaron un nuevo escrito ante el Juzgado de Ejecución Penal en el marco de la causa que involucra a Fermín Eleodoro Basualdo.

En la presentación solicitaron que se investigue una presunta organización destinada a hostigar a la familia de la víctima mediante publicaciones en redes sociales, perfiles falsos, portales digitales y otros mecanismos de difusión. Según sostienen, la actividad sería coordinada por el condenado desde la Unidad Penitenciaria número 9 de La Plata.

En el documento, los particulares damnificados afirman que las publicaciones provocan un permanente perjuicio moral y espiritual, además de afectar el honor de la familia Blanco. También cuestionan que Basualdo continúe desarrollando una intensa actividad comunicacional mientras cumple una condena firme y solicitan que se determine si cuenta con autorización para utilizar herramientas digitales desde el establecimiento penitenciario.

Uno de los ejes de la denuncia está vinculado con el libro "Trama Siniestra", escrito por Basualdo, al que consideran un nuevo episodio de revictimización. Los denunciantes sostienen que la obra contiene afirmaciones falsas y agraviantes sobre Emilio Blanco y su entorno familiar, incluyendo referencias a supuestos conflictos familiares, consumo de sustancias y discriminación por orientación sexual, extremos que rechazan de manera categórica y califican como parte de una estrategia destinada a desacreditar a la víctima.

Asimismo, cuestionan una publicación donde el condenado aseguró que la Biblioteca de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata había incorporado el libro a su hemeroteca, afirmación que, según la presentación, fue desmentida por la propia institución.

El escrito también menciona publicaciones difundidas desde perfiles identificados como "Juan José Romero" y "San Justo", además de notas reproducidas por un portal periodístico. Los padres de la víctima consideran que existe una coordinación entre esos espacios para amplificar mensajes que califican como injuriantes y difamatorios contra la familia y contra integrantes del Poder Judicial que intervinieron en la causa.

Como parte de las medidas de prueba, solicitaron que se cite a declarar a quienes difundieron esas publicaciones, que se practiquen pericias informáticas para identificar a los responsables de los perfiles utilizados y que se libre un oficio a la Unidad Penitenciaria número 9 para determinar si Basualdo posee o utilizó un teléfono celular desde el establecimiento. Además, pidieron que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública y que se restrinja la actividad digital del condenado mientras cumple su pena.