Un documento que comenzó a circular en las últimas horas volvió a poner en el centro de la escena al intendente de Viedma, Marcos Castro, al revelar una autorización de gastos por 30,3 millones de pesos destinada a la contratación directa de un proyecto de asesoramiento vinculado a la refuncionalización del Centro Cultural.

La documentación, correspondiente a la Municipalidad de Viedma, muestra una “Autorización de Gastos” fechada el 26 de febrero de 2025, por un monto total estimado de 30.300.000 pesos, tramitada desde la Secretaría de Desarrollo Territorial y Obras Públicas. En el expediente se hace referencia a la contratación de un proyecto y asesoramiento para la refuncionalización del edificio, indicando además que la contratación directa se encuadra en el artículo 6 de la Ley 285.

El documento comenzó a viralizarse en redes sociales y rápidamente despertó cuestionamientos sobre la oportunidad y el destino de semejante desembolso de fondos públicos en un contexto económico complejo, donde numerosos vecinos reclaman mayores inversiones en servicios básicos, mantenimiento urbano y obras prioritarias.

Las críticas apuntan a que la contratación habría sido realizada de manera directa, una modalidad que suele quedar bajo la lupa cuando involucra cifras millonarias. Si bien el expediente invoca el marco legal correspondiente, desde distintos sectores de la oposición vienen reclamando mayor transparencia en las contrataciones municipales y un acceso más sencillo a la documentación pública.

El nuevo episodio se suma a una serie de controversias que vienen golpeando a la gestión de Marcos Castro. En las últimas semanas, el intendente ya había quedado envuelto en cuestionamientos por distintas contrataciones municipales y por presuntos vínculos familiares que motivaron pedidos de informes impulsados por concejales opositores.

Ahora, la aparición de esta autorización de gastos vuelve a alimentar el debate político en la capital rionegrina y promete profundizar la presión sobre el Ejecutivo municipal. Desde distintos sectores esperan que el municipio brinde explicaciones detalladas sobre el alcance del contrato, los trabajos efectivamente realizados y los criterios utilizados para justificar una contratación directa por más de 30 millones de pesos.

Hasta el momento, no surge del documento por sí solo evidencia de una irregularidad administrativa o de un ilícito, aunque su difusión reavivó las críticas hacia la administración de Marcos Castro, que vuelve a enfrentar cuestionamientos por el manejo de los recursos públicos. Corresponderá a las autoridades municipales explicar el contenido del expediente y responder a los planteos políticos que generó su difusión.