Una nueva presentación judicial volvió a poner el foco sobre la presunta contaminación ambiental en el puerto de Mar del Plata y apuntó contra organismos de control por supuestas omisiones técnicas en los estudios realizados sobre efluentes industriales y residuos volcados al sistema.

Según surge del escrito, se cuestiona que informes vinculados a OSSE y otros organismos hayan omitido medir parámetros considerados clave para determinar la presencia de residuos peligrosos, como metales pesados, carga bacteriológica resistente y toxicidad de lodos industriales.

La presentación menciona valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) que llegan hasta los 20.470 miligramos por litro en algunas muestras analizadas, aunque advierte que no existirían estudios complementarios sobre contaminantes químicos ni bioensayos de toxicidad. En ese marco, se cita la Ley Provincial 11.720 de Residuos Especiales y se sostiene que, sin esos análisis, podría encubrirse un presunto vuelco ilegal de residuos peligrosos al mar.

Otro de los puntos señalados dentro del escrito apunta a posibles riesgos sobre el Acuífero Pampeano. Allí se afirma que empresas vinculadas al sector operarían sin permisos de vuelco otorgados por la Autoridad del Agua ni habilitación ambiental correspondiente, lo que podría generar contaminación subterránea.

La presentación también reclama que se exijan planos hidrogeológicos, controles sobre pozos de extracción y certificados de disposición final de lodos industriales de los últimos cinco años. Según se advierte, la ausencia de esa documentación podría ser un indicio de que residuos químicos habrían sido eliminados irregularmente dentro del sistema.

Además, se cuestiona la falta de trazabilidad operativa en los análisis ambientales y se reclama incorporar datos técnicos vinculados al tonelaje procesado, temperaturas y niveles de cisternas al momento de cada muestreo para garantizar la validez científica de los informes.

Dentro del expediente también se remarcó que toda la información vinculada a causas ambientales posee carácter público, en línea con los principios de acceso a la información ambiental y control ciudadano establecidos por la normativa vigente.