La polémica sacude a General Rodríguez tras acusaciones por un nombramiento bajo sospecha en la estructura municipal

Una grave denuncia penal sacude a la administración municipal de General Rodríguez y pone en el centro de la escena al intendente Mauro García, acusado de haber favorecido a su propio hermano mediante una serie de designaciones presuntamente irregulares dentro del Estado local.

La presentación fue realizada por el abogado Miguel Ángel Puentes, quien solicitó investigar al jefe comunal, a su hermano Gabriel Gastón García, actual director de Transporte y Servicios, y a otros funcionarios por posibles delitos vinculados al abuso de autoridad y el manejo indebido de recursos públicos.

El eje de la denuncia presentada por Puentes se centra en la evolución laboral de Gabriel García dentro del municipio, que según la documentación oficial exhibe una llamativa rapidez.

En primer lugar, el Decreto número 252/24 establece que García fue incorporado como personal temporario en febrero de 2024. Poco después, el Decreto 2242/24 lo designa como director de Transporte y Servicios interino en diciembre del mismo año.

Finalmente, mediante el Decreto 2315/25, el municipio formaliza su designación como director titular, tras adjudicarse un concurso interno.

Para el denunciante, esta secuencia no solo resulta “irregular”, sino que directamente violaría los requisitos básicos del sistema de concursos. Según sostiene, para acceder a ese tipo de cargos se requiere ser personal de planta permanente con al menos un año de antigüedad, condición que, asegura, no habría sido cumplida.

Acusaciones de “ñoqui” y falta de funciones reales

Uno de los puntos más duros de la denuncia de Puentes es la acusación de que Gabriel García nunca habría cumplido tareas efectivas dentro del área. Puentes, quien asegura haber sido funcionario del área de Transporte, afirma que “jamás lo vio trabajar” ni tuvo conocimiento de su desempeño en la dependencia.

El escrito incluso sugiere que el funcionario habría percibido ingresos sin contraprestación laboral, lo que encuadraría, según el denunciante, en delitos contra la administración pública.

Según las acusaciones referidas en la denuncia de Puentes, el intendente García habría cometido delitos vinculados a artículos del Código Penal que se relacionan con la malversación o percepción indebida de fondos públicos, abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además del intendente, la presentación judicial impulsada por Puentes señala la posible responsabilidad de funcionarios del área administrativa y de recursos humanos, a quienes se acusa de haber facilitado el circuito de designaciones.

Ramificaciones

Más allá de la resolución judicial que pueda tener el caso, la denuncia vuelve a poner en debate una práctica recurrente en distintas administraciones: el presunto uso del Estado para beneficiar a familiares o allegados.

La concatenación de decretos, desde la contratación temporaria hasta la confirmación en un cargo jerárquico, aparece como uno de los elementos más comprometedores, ya que muestra un camino administrativo que, según la acusación, habría sido diseñado para eludir controles y legitimar una designación previamente definida.

Por el momento, no hubo una respuesta pública formal del intendente ni de los funcionarios señalados. Entretanto, la causa podría avanzar en sede judicial y requerir la remisión de legajos, documentación interna y testimonios clave para determinar si existieron o no irregularidades.