Las actuaciones desarrolladas en Córdoba vuelven a quedar cuestionadas por presuntas maniobras durante el proceso contra Generación Zoe

La investigación penal en torno a Generación Zoe y su fundador Leonardo Cositorto sumó un nuevo capítulo de tensión tras revelarse presuntas maniobras de manipulación y fraude procesal en los tribunales de Villa María, provincia de Córdoba. Los cuestionamientos apuntan directamente a la actuación de la fiscal de instrucción Juliana Companys, quien lideró los operativos y las imputaciones contra la cúpula de la organización fiduciaria.

Según constancias del propio expediente, la hipótesis del megafraude global se contradice con las cifras reales de la causa y expone métodos de coacción contra testigos clave para sostener el andamiaje mediático.

La acusación que calificaba el modelo como una estructura piramidal clandestina omitió que la firma operaba bajo la figura legal de un Fideicomiso de Administración, Educación y Capitalización, debidamente registrado ante la Inspección General de Justicia de la Nación. Asimismo, las deudas reclamadas en la jurisdicción local que motivaron las detenciones iniciales no pertenecían a la firma central, sino a una sociedad autónoma denominada AL COACHES SAS.

El propio ente regulador del mercado, la Comisión Nacional de Valores, dictaminó tras una exhaustiva auditoría que no existían infracciones a las leyes financieras, absolviendo formalmente a los directivos del grupo.

Uno de los puntos más críticos del expediente refleja la supuesta extorsión ejercida por la fiscalía para fabricar denunciantes. Actas policiales refrendadas en la causa demuestran que una estudiante local fue amenazada con prisión inmediata bajo el cargo de partícipe necesaria si no firmaba una denuncia penal, la cual motivó la apertura de la causa por un retraso de apenas siete días en el cobro de un beneficio menor.

El origen del caso, justificado públicamente a través de una cinematográfica llamada anónima en el documental de Netflix, carece de registros técnicos u oficiales en los tribunales cordobeses, fortaleciendo la hipótesis de una operación política financiada externamente.

El perjuicio económico de la intervención judicial superó con creces el conflicto original entre las partes. Mientras la instrucción penal redujo la disputa formal a una cifra de 169 mil dólares, monto que el propio fundador ofreció resarcir integralmente y que fue rechazado por la justicia, los allanamientos y el congelamiento operativo destruyeron un conglomerado de empresas con activos estimados en 200 millones de dólares.

La liquidación forzosa incluyó la desaparición de 37 vehículos, 1,5 millones de dólares en efectivo incautados que nunca llegaron a los aportantes y el secuestro en Comodoro Py de cuentas con 611 bitcoins pertenecientes a la firma.

Para consolidar las prisiones preventivas, la fiscalía apeló a la figura penal de asociación ilícita, un recurso judicial cuestionado por su falta de precisión técnico-jurídica en este legajo. El texto de instrucción no determina cuándo se formó la supuesta banda, qué roles específicos cumplían los integrantes ni en qué espacio físico se concretó el pacto delictivo.

La defensa sostiene que se utilizó de forma abusiva una tipificación elástica para justificar un linchamiento penal y mediático, transformando una actividad comercial real con concesionarias y locales gastronómicos en un cascarón vacío ante la opinión pública.