Mar del Plata: apuntan contra funcionarios por presunto manejo irregular de bienes y aprietes a trabajadores

Una serie de denuncias internas puso bajo la lupa el funcionamiento del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDeR) de Mar del Plata. Los señalamientos apuntan principalmente contra Ezequiel Miranda, cercano al director de Infraestructura, Martín Rosales, por un presunto manejo irregular de herramientas municipales y supuestas amenazas contra trabajadores del organismo.

Según el material aportado, existen videos grabados desde marzo en los que aparecería el hijo de Miranda utilizando herramientas pertenecientes al EMDeR, pese a que no tendría relación laboral con la Municipalidad. También se denuncia que esos elementos habrían sido retirados del predio para llevarlos a un domicilio particular y que algunos posteriormente no habrían regresado al organismo.

Las acusaciones agregan un punto todavía más grave. Trabajadores sostienen que Miranda habría amenazado a empleados que se negaban a facilitarle herramientas a su hijo, aprovechándose presuntamente de su posición dentro de la estructura del ente.

La situación, según las fuentes que realizaron la denuncia, ya habría sido comunicada al intendente interino Agustín Neme, aunque aseguran que desde marzo no hubo modificaciones. Miranda y Rosales habrían sido suspendidos durante la gestión de Guillermo Montenegro con la intención de apartarlos posteriormente de la Comuna.

Sin embargo, ambos habrían recuperado funciones por intervención de Emiliano Giri, señalado como uno de los principales asesores políticos de Neme. Los denunciantes atribuyen a esa decisión la permanencia de los funcionarios cuestionados dentro del organismo.

El presidente del EMDeR, Sebastián D'Andrea, también habría sido informado sobre lo ocurrido. De acuerdo con los testimonios aportados, el funcionario habría manifestado tener “las manos atadas” frente a la influencia de Giri.

Hasta el momento, estas acusaciones corresponden a denuncias y material aportado por fuentes vinculadas al organismo y no implican por sí mismas una comprobación administrativa o judicial de los hechos denunciados.