Papu Gómez, en el centro de una investigación por presunta estafa millonaria con NFTs

Una investigación judicial en Barcelona ha puesto en el centro de la controversia a varios exjugadores del Sevilla FC, como Lucas Ocampos, Papu Gómez, Iván Rakitic, Nico Pareja, Alberto Moreno y Javier Saviola, por su presunta implicación en una estafa de criptomonedas y NFTs que supera los tres millones de euros.

Según El Periódico, la querella, presentada por 12 víctimas y admitida por el Juzgado de Instrucción número 5, señala a la empresa Shirtum Europa S.L.U. y a sus promotores, liderados por el empresario argentino David Rozencwaig y los catalanes Manel Ángel Torras, su hijo Marc Alberto Torras y Manuel Morillas, como responsables de un esquema fraudulento que captó inversiones sin cumplir lo prometido.

Los futbolistas, aunque no son considerados los ideólogos del proyecto, enfrentan acusaciones por haber promocionado activamente Shirtum a través de redes sociales, generando confianza en los inversores.

La empresa prometía una aplicación para comercializar NFTs con contenido exclusivo de los jugadores, como imágenes y videos valuados en unos 450 euros por unidad, utilizando una criptomoneda propia, el $SHI.

Sin embargo, la app nunca se desarrolló, el token perdió todo valor y la sociedad fue desmantelada, dejando a los inversores sin respuestas ni reembolsos. Los denunciados enfrentan hasta once cargos, incluyendo estafa, apropiación indebida y fraude fiscal.

El caso destaca por los vínculos personales entre los implicados, especialmente la amistad entre Papu Gómez y Rozencwaig, quien habría involucrado a los demás jugadores.

La querella, respaldada por informes periciales, acusa a los promotores de desviar fondos para fines personales y de intentar encubrir el fraude alegando hackeos y robos masivos en 2022, sin pruebas.

Además, se señala que los futbolistas, como Gómez, quien se presentaba como “fundador” de Shirtum, eliminaron de sus redes sociales cualquier rastro del proyecto, lo que refuerza las sospechas de los denunciantes. La investigación podría ampliarse, ya que un perito estima que miles de personas podrían haber sido afectadas.