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Para no afrontar costos legales, Lilia Lemoine terminó dándole un cargo estatal a su defensor

La diputada confirmó que optó por sumar a su abogado a la estructura parlamentaria en lugar de abonarle sus servicios profesionales.

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Para no afrontar costos legales, Lilia Lemoine terminó dándole un cargo estatal a su defensor
Lilia Lemoine quedó envuelta en nuevas críticas por sus declaraciones sobre Hernán Seivane.
29 de mayo de 2026, 17:31 hs29/5/2026 17:31 hs · 2 min de lectura

La diputada nacional Lilia Lemoine reconoció públicamente que le consiguió un contrato en la Cámara de Diputados a su abogado, Hernán Seivane, con el objetivo de no tener que afrontar de manera personal los honorarios profesionales derivados de su representación legal.

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La declaración se produjo durante una entrevista en la que la legisladora explicó que optó por incorporarlo a su equipo dentro del Congreso en lugar de abonarle sus servicios de forma particular. Sus dichos volvieron a poner bajo la lupa el uso de los recursos estatales y la contratación de personal dentro de la estructura parlamentaria.

Seivane es un militante identificado con La Libertad Avanza y ganó notoriedad en redes sociales por participar en campañas contra dirigentes, periodistas y usuarios que cuestionaban a la diputada. Según trascendió, actualmente percibe un ingreso mensual de 2.313.000 de pesos proveniente de la Cámara de Diputados.

Las críticas se profundizaron porque hasta el momento no se detalló públicamente cuál es la función específica que desempeña dentro del Congreso. Cuando fue consultado por distintos medios sobre las tareas que realiza para justificar ese salario, evitó brindar precisiones sobre su actividad.

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El episodio reavivó cuestionamientos hacia Lemoine por la utilización de cargos financiados con fondos públicos. La legisladora ya había quedado envuelta anteriormente en polémicas vinculadas a declaraciones sobre la incorporación de militantes libertarios dentro de estructuras estatales.

La controversia se suma a un debate recurrente sobre los nombramientos políticos en el Congreso y los criterios utilizados para asignar contratos dentro de los despachos legislativos. Mientras tanto, la oposición exige explicaciones sobre las funciones concretas que desempeña el abogado y las condiciones bajo las cuales fue incorporado.

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