Los prácticos, pilotos y baqueanos fluviales suspendieron sus servicios en los puertos argentinos como respuesta al Decreto 690/2026, una medida que desreguló el sistema de practicaje y modificó las condiciones para el ingreso, egreso y navegación de buques. La protesta comenzó el sábado 1 de agosto y continuará por tiempo indeterminado, mientras distintas embarcaciones permanecen fondeadas a la espera de asistencia.

En paralelo, representantes del sector anunciaron una denuncia penal contra Javier Milei, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y Carlos Presti. La presentación invocará el artículo 190 del Código Penal, que sanciona a quienes pongan en peligro la seguridad de una nave, y cuestionará las nuevas condiciones establecidas por el Gobierno.

El decreto habilitó un registro sin cupos para los profesionales, fijó tarifas máximas y permitió que determinados capitanes nacionales o extranjeros puedan prescindir del servicio si acreditan conocimiento de la zona. También liberó el transporte utilizado para embarcar y desembarcar prácticos, uno de los puntos objetados por quienes consideran que la reforma reduce controles esenciales de seguridad.

La medida impactó especialmente sobre los puertos del Gran Rosario y el río Paraná, una zona central para la salida de granos, subproductos y otras exportaciones argentinas. Las primeras demoras ya alcanzaron a buques de gran calado y amenazan operaciones vinculadas con el abastecimiento industrial, energético y el comercio exterior.

El Gobierno justificó la reforma al sostener que el régimen anterior tenía exigencias obsoletas, costos elevados y barreras de ingreso. Además, facultó a la Prefectura Naval y a la Armada Argentina para intervenir ante una emergencia y prestar servicios que permitan sostener la navegación durante el conflicto.