Reservin Patagonia desembarcó con un contrato millonario y reavivó viejas sospechas en la obra social rural

Una demanda laboral iniciada por Daniel Néstor Ricci contra OSPRERA, la UATRE, GREGARD S.A., BHI Plus Service S.R.L. y Reservin Patagonia S.R.L. volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de un esquema empresarial que, según surge de la presentación judicial, habría operado durante años alrededor de la obra social de los trabajadores rurales y del sindicato conducido por José Voytenco.

El expediente CNT 054408/2023 tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 59 y expone una serie de acusaciones que apuntan a la existencia de una estructura integrada por empresas privadas que habrían prestado servicios estratégicos para OSPRERA y la UATRE, manteniendo vínculos operativos, administrativos y políticos con ambas instituciones.

Dentro de esa trama aparece GREGARD S.A., una firma que, según la demanda, fue creada durante la conducción de Gerónimo "Momo" Venegas para desarrollar tareas de fiscalización, cobranza de aportes y otras actividades vinculadas tanto a la obra social como al sindicato. El escrito sostiene que la empresa funcionó durante años como una extensión operativa de ambas entidades y que sus autoridades respondían políticamente a quienes controlaban simultáneamente OSPRERA y la UATRE.

La denuncia va todavía más lejos. Ricci afirma que existía una circulación permanente de personal, funciones y responsabilidades entre OSPRERA, UATRE y GREGARD, configurando lo que describe como un único entramado económico. En distintas páginas de la presentación se mencionan registros laborales, poderes otorgados, comunicaciones internas y presuntos intercambios de funciones que, según el demandante, demostrarían la existencia de una conducción unificada.

Uno de los puntos más sensibles aparece en marzo de 2023. Según la demanda, tras la intervención judicial de OSPRERA se produjo el vaciamiento operativo de GREGARD. La empresa dejó de prestar servicios y parte de sus actividades habrían sido derivadas inicialmente a BHI Plus Service S.R.L. y posteriormente a Reservin Patagonia S.R.L., una firma que ahora vuelve a quedar en el centro de la escena.

La historia adquiere una dimensión todavía más llamativa cuando se observa lo ocurrido durante las distintas intervenciones de la obra social. Durante la gestión del interventor Marcelo Petroni se decidió rescindir el vínculo que OSPRERA mantenía con Reservin Patagonia. Sin embargo, con la llegada de César Augusto Lococo al frente de la intervención, la empresa reapareció en el radar y terminó firmando un nuevo contrato millonario con la obra social.

Ese convenio, establece que Reservin Patagonia se encargará de tareas vinculadas a la recuperación de recursos y fiscalización para OSPRERA a cambio de 68 millones de pesos mensuales, además de un porcentaje adicional sobre los ingresos obtenidos como resultado de su gestión. El esquema llamó la atención porque la remuneración fija supera ampliamente las proyecciones de recuperación económica que figuran en los propios cálculos asociados al acuerdo.

La situación despertó nuevas preguntas porque la gerenta de Reservin Patagonia es Alejandra Beligoy, hermana de Federico Beligoy, histórico dirigente arbitral y hombre de confianza de Claudio "Chiqui" Tapia dentro de la estructura de la AFA. La coincidencia alimentó especulaciones políticas y sindicales sobre eventuales puentes entre sectores que hasta hace poco aparecían enfrentados.

Las referencias a Alejandra Beligoy no son nuevas dentro de la documentación judicial. En distintos tramos de la demanda presentada por Ricci se la menciona junto a otros actores vinculados a GREGARD, BHI Plus Service y las estructuras administrativas que operaban alrededor de OSPRERA y la UATRE.

El cuadro se vuelve todavía más incómodo para Voytenco porque la propia demanda sostiene que las decisiones estratégicas de las empresas tercerizadas respondían históricamente a quienes controlaban simultáneamente el sindicato y la obra social. El dirigente rural niega esas acusaciones, pero el expediente reconstruye una extensa red de relaciones laborales, administrativas y societarias que ahora deberá ser evaluada por la Justicia.

Mientras tanto, el contraste político resulta difícil de ignorar. La UATRE denuncia públicamente la precarización laboral y cuestiona las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Sin embargo, la aparición reiterada de firmas privadas vinculadas a servicios tercerizados, los cambios de razón social, las migraciones de personal y los contratos millonarios firmados alrededor de OSPRERA alimentan sospechas sobre un modelo de gestión que parece haber sobrevivido a presidentes, intervenciones y crisis internas.

La pregunta que sobrevuela todo el expediente es tan sencilla como incómoda. Si GREGARD desapareció, BHI Plus ocupó su lugar y luego Reservin Patagonia terminó asumiendo funciones similares, ¿cambió realmente la estructura o simplemente se reemplazó el cartel de la puerta mientras los negocios seguían recorriendo los mismos pasillos?