Revés para un intendente de Rio Negro: el Concejo de Bariloche blindó el Cerro Catedral y frenó un negocio inmobiliario

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, sufrió un duro revés político en el Concejo Municipal, que aprobó por unanimidad de los presentes una ordenanza para declarar inalienables las 1.920 hectáreas de tierras públicas que rodean el Cerro Catedral. La decisión representa un freno directo al fideicomiso inmobiliario impulsado por el Ejecutivo junto con Catedral Alta Patagonia SA (CAPSA).

La iniciativa fue presentada por el concejal Leandro Costa Brutten, de Incluyendo Bariloche, y ratifica lo establecido en la Disposición Complementaria 18 de la Carta Orgánica Municipal. El objetivo es impedir que esos terrenos puedan ser utilizados en operaciones que comprometan el patrimonio de la ciudad.

El texto establece que las 1.920 hectáreas “no podrán ser vendidas, cedidas, permutadas, transferidas ni ser objeto de disposición que implique pérdida de dominio o afectación permanente o transitoria del patrimonio municipal”. De esta manera, el cuerpo deliberativo levantó una barrera legal frente a cualquier intento del gobierno de Cortés de disponer de esos terrenos.

La ordenanza recibió los votos afirmativos de Leandro Costa Brutten, Gerardo Del Río, Tomás Hercingonja, Mary Coronado, Julieta Wallace, Facundo Villalba y Laura Totonelli. La unanimidad de los presentes dejó políticamente aislado al Ejecutivo y expuso el nivel de rechazo que provoca el proyecto inmobiliario sobre uno de los sectores más valiosos de Bariloche.

Ahora, todas las miradas apuntan a Walter Cortés, quien deberá decidir si promulga la norma o utiliza su facultad de veto. Cualquiera de las dos alternativas tendrá un costo: si la promulga, deberá aceptar el límite impuesto por el Concejo; si la veta, quedará señalado como el intendente que intentó mantener abierta la posibilidad de disponer de tierras públicas en el Cerro Catedral.

La ordenanza también obliga al Departamento Ejecutivo a avanzar con la inscripción de los terrenos a nombre del municipio en el Registro de la Propiedad. Además, solicita a Catastro de Río Negro que actualice la titularidad e incorpore las restricciones correspondientes a su condición de patrimonio inalienable.

El proyecto declara esas tierras de interés social, ecológico, ambiental, paisajístico, turístico, recreativo e hídrico. También las reconoce como “patrimonio público de interés colectivo y resguardo intergeneracional”, debido a su valor estratégico para la comunidad y para el futuro de la principal ciudad turística de la provincia.

El golpe contra Cortés ocurre mientras su administración impulsa, junto con CAPSA, un Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental que incluye un hotel, residencias permanentes y temporarias, además de nueva infraestructura turística sobre una superficie estimada de entre 70 y 80 hectáreas. El esquema contempla la utilización de un fideicomiso para llevar adelante el desarrollo inmobiliario.

Los fundamentos de la iniciativa cuestionan especialmente las condiciones económicas que se habrían considerado. Según el proyecto, el municipio recibiría apenas un 8 por ciento del producido neto posterior a la comercialización, con valores calculados en alrededor de 10 dólares por metro cuadrado, o podría aceptar un mecanismo de canje por lotes sociales. La cifra, sin embargo, no aparece atribuida a documentación oficial y forma parte de los argumentos presentados por sus autores.

La ordenanza también advierte sobre una serie de incumplimientos acumulados durante años: la ausencia de un código de peligros geológicos, la falta de un Plan de Desarrollo Urbano para la Delegación Catedral y la suspensión vigente de loteos y subdivisiones hasta la aprobación de un Plan Estratégico e Integral de Desarrollo para toda la ciudad.

La disputa por Catedral se arrastra desde 2018, cuando la concesión del centro de esquí fue prorrogada hasta 2056 en favor de CAPSA. Desde entonces, los intentos de habilitar negocios inmobiliarios en el área despertaron cuestionamientos políticos, ambientales y sociales. El Concejo acaba de poner un límite contundente; ahora Cortés deberá mostrar si respeta el blindaje de las tierras públicas o decide enfrentarse abiertamente con los representantes de la ciudad.