Río Negro bajo la lupa: acusan a Facundo López de retener ayudas prometidas en campaña

Sin embargo, las ayudas nunca llegaron.

“Entregamos nuestros papeles porque confiamos en la palabra. Y ahora no nos contestan ni los mensajes. Nos usaron”, denunció una vecina afectada.

Incluso trascendió que la persona responsable de juntar la documentación recién la entregó el lunes, después de las elecciones, lo que refuerza la sospecha de que la promesa fue solamente una estrategia para captar votos.

Lo que enfureció aún más a los vecinos es que en otros barrios sí hubo pagos previos a las elecciones, y hasta personas vinculadas a la estructura de López habrían cobrado. Mientras tanto, decenas de familias siguen esperando en silencio y con bronca.

Durante la campaña, uno de los operadores políticos de López, identificado como Nahuel, aseguraba que el espacio no apoyaba ni al mileísmo ni al peronismo y que no “se aprovechaban del pueblo”. Pero las acciones ahora denunciadas demuestran lo contrario.

Recortes a la tarjeta “Río Negro Presente”

La polémica se profundiza con la baja de familias que percibían la tarjeta social “Río Negro Presente”, medida atribuida directamente a López bajo el argumento de que algunos hogares tenían otros beneficios. Sin embargo, muchas de esas familias apenas cubren sus necesidades básicas con sus ingresos.

“Esa tarjeta nos ayudaba a llegar a fin de mes. Sacarla fue un golpe durísimo”, señaló una trabajadora vecinal.

Ahora, incertidumbre laboral para empleados estatales

A este panorama se suma un dato que genera todavía más preocupación: empleados de la administración pública provincial que trabajan con contratos renovables denunciaron que no serían renovados en enero, como represalia política tras la derrota electoral.

Es decir, alrededor de fin de año, familias enteras podrían quedarse sin trabajo por una decisión que, según denunciaron, está directamente vinculada al resultado de las urnas.

“No solo jugaron con la necesidad para conseguir votos; ahora quieren castigar a quienes no respondieron políticamente”, expresó un trabajador estatal cuya renovación está en riesgo.

La indignación crece mientras el silencio oficial continúa