Río Negro, bajo la lupa: acusan a Weretilneck de manipular a los jueces del Superior Tribunal

En Río Negro, la independencia del Poder Judicial se encuentra en su momento más crítico. Crecen las acusaciones contra el gobernador Alberto Weretilneck y su hombre de mayor confianza en la Legislatura, Facundo López, por la presunta intromisión directa del Ejecutivo en las decisiones del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en el funcionamiento interno de la Justicia provincial.

La situación estalló nuevamente con el Caso Mandagaray. Elsa Adriana Fabi, madre del oficial de Policía Gabriel Mandagaray, muerto en abril de 2021 durante una brutal capacitación del COER, presentó este lunes en la Legislatura un pedido de juicio político contra cuatro jueces del STJ.

Los acusa de mal desempeño y abuso de autoridad, tras haber anulado resoluciones y maniobras judiciales que, según la familia, “condujeron la causa hacia un camino de impunidad”.

La denuncia no ocurre en el vacío. Desde hace meses, gremios judiciales (como Sitrajur) y dirigentes políticos vienen denunciando que Weretilneck y Facundo López articulan una estructura de control del Poder Judicial, donde jueces, fiscales y concursos de cargos quedan condicionados a intereses políticos del oficialismo.

El dato clave: Facundo López integra el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar, evaluar y promover jueces, incluyendo quienes acceden al Superior Tribunal de Justicia. Es decir, la misma persona que opera políticamente en la Legislatura participa directamente en la designación de los magistrados que luego deben “controlar” al gobierno.

Este esquema, señalan juristas y sindicalistas, convierte el sistema judicial en una estructura de dependencia política y desdibuja la separación de poderes.

La madre de Mandagaray fue tajante: “Mi hijo murió en custodia del Estado. Teníamos condenas. Cuando la causa llegó al STJ empezó el calvario. Anularon decisiones y frenaron todo. Nos empujaron a la impunidad.”

La presentación ingresó formalmente a la Legislatura provincial, donde la revisión recaerá en la Comisión de Juicio Político, integrada, entre otros, por el propio Facundo López, un dato que no pasó desapercibido y que para la familia configura un evidente conflicto de intereses.

La Comisión tiene 40 días para dictaminar si los magistrados del STJ deben ser sometidos a juicio político. Pero más allá del expediente, la pregunta de fondo ya está instalada.