Un entramado político y empresarial, donde el caso de Fred Machado, empresario procesado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude, dejó de ser un hecho aislado. Las investigaciones indican que su actividad y la de su primo Claudio Ciccarelli han generado un entramado donde confluyen intereses políticos y económicos de distintos niveles de gobierno.

Ciccarelli habría recibido permisos para explotar canteras de arenas silíceas en Río Negro durante la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, mientras mantenía vínculos con el bloque oficialista y con legisladores clave como Facundo López, señalados como puentes entre el poder provincial y los negocios privados de la familia Machado.

En paralelo, el caso salpica al ámbito nacional libertario: José Luis Espert recibió pagos vinculados a negocios de Machado, lo que generó cuestionamientos sobre financiamiento político y ética. La situación obligó a replantear candidaturas y dejó en evidencia la fragilidad de los discursos de renovación política frente a la vinculación con actores cuestionados.

Incluso figuras de la oposición como Patricia Bullrich se vieron envueltas en acusaciones de proximidad con el caso, aunque de manera indirecta, evidenciando la amplitud de la red de intereses que rodea a Machado.

Weretilneck y la gestión provincial

El gobernador de Río Negro reconoció haber coincidido con Machado en actos sociales años atrás, pero negó vínculos recientes. Sin embargo, el rol de Ciccarelli en la minería provincial y su cercanía con legisladores y funcionarios refuerzan la percepción de que los negocios y la política están estrechamente entrelazados.

La Legislatura provincial analiza actualmente mecanismos para transparentar reuniones y concesiones otorgadas a empresas privadas, especialmente aquellas vinculadas a personas investigadas internacionalmente.

Desafíos judiciales y políticos

• Extradición y juicio internacional: Machado enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude, y la justicia argentina autorizó su extradición para responder ante la Corte de ese país.
• Investigación local: se exige mayor claridad sobre las concesiones mineras otorgadas a Ciccarelli y su vínculo con funcionarios provinciales.
• Riesgo reputacional: para los sectores libertarios del gobierno nacional, el caso expone vulnerabilidades en sus discursos anticorrupción y puede afectar alianzas electorales.
• Red de intereses cruzados: la superposición de actores provinciales, nacionales y privados sugiere que el escándalo no es un hecho aislado, sino la manifestación de un entramado complejo donde convergen política y negocios bajo opacidad.

El caso Fred Machado se convierte así en un termómetro de las conexiones entre poder político y privado, donde la transparencia y la rendición de cuentas quedan en entredicho mientras los actores involucrados enfrentan procesos judiciales y políticos que podrían redefinir sus carreras y la estructura de poder en Río Negro y a nivel nacional.