El organismo de control pidió revisar expedientes, contrataciones, empresas, garantías y hasta ensayos de laboratorio de las obras con adoquines ejecutadas por la Municipalidad. Fuentes vinculadas a Obras Públicas advierten que la documentación solicitada podría abrir un nuevo frente para la gestión de Marcos Castro.

La administración del intendente Marcos Castro vuelve a quedar bajo la lupa del Tribunal de Cuentas de Viedma. Esta vez, el foco está puesto en un rubro que atraviesa distintos puntos de la capital rionegrina: las tareas de reparación, mantenimiento y colocación de adoquines, junto con las contrataciones realizadas para llevar adelante esos trabajos.

El planteo surgió a partir de una serie de actuaciones impulsadas por la primera vocal del Tribunal de Cuentas, Giselle Rosas, quien durante mayo solicitó información sobre las intervenciones efectuadas en 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026. El requerimiento no se limita a conocer dónde trabajó el Municipio: también apunta a determinar cómo se contrataron las obras, qué empresas participaron, qué materiales fueron utilizados y qué controles técnicos se efectuaron.

Según se pudo reconstruir a partir de la documentación, el pedido adquiere mayor relevancia por el nivel de detalle requerido. Fuentes vinculadas al área de Obras Públicas señalaron que el relevamiento podría convertirse en un problema para el Ejecutivo municipal si aparecen inconsistencias entre los expedientes, las contrataciones, la ejecución efectiva de los trabajos y las certificaciones correspondientes.

En la Nota número 63/26, fechada el 4 de mayo, Rosas le pidió directamente a Castro una descripción de todas las obras realizadas por el Municipio relacionadas con reparaciones, bacheo y calles donde se utilizaron adoquines durante 2024, 2025 y 2026, independientemente de que hayan sido financiadas con recursos municipales o mediante aportes provinciales.

El pedido exige que, para cada intervención, se informe la fecha de ejecución y la ubicación exacta, incluyendo calle, altura y barrio. Pero el Tribunal fue todavía más allá: reclamó conocer el tipo o modalidad de contratación y la descripción de las empresas contratadas, además de una copia de los respectivos expedientes administrativos.

Otro punto particularmente sensible está relacionado con la calidad de los materiales utilizados. La vocal solicitó información sobre los plazos y garantías certificados en las actas de recepción definitiva y preguntó expresamente si los adoquines adquiridos cuentan con protocolos de ensayo de laboratorio realizados bajo la norma IRAM 11656.

El requerimiento menciona controles de resistencia a la compresión, absorción de agua y desgaste por abrasión. También pide precisar si esos ensayos fueron realizados por la propia planta de producción de la empresa proveedora o por un organismo externo. Es decir, el organismo de control no solo puso la mirada sobre el circuito administrativo, sino también sobre la calidad y las condiciones técnicas del material colocado en las calles de Viedma.

La avanzada había comenzado incluso dentro del propio Tribunal. Mediante la Nota número 61/26, también del 4 de mayo, Rosas solicitó al presidente del organismo, Emilio De Rege, disponer un relevamiento y análisis de los expedientes administrativos vinculados con la construcción, reparación y mantenimiento de lomos de burro, así como con la compra, provisión, colocación y arreglo de calles mediante el sistema de adoquines durante los ejercicios 2025 y 2026.

La vocal estableció entonces un plazo de diez días hábiles administrativos para recibir la documentación. La existencia de pedidos paralelos dirigidos al propio Tribunal y al Ejecutivo muestra que no se trató de una consulta genérica, sino de un intento de reconstruir documentalmente el circuito de las obras y contrataciones.

Hay, además, otro elemento que mete ruido político. En su presentación dirigida al intendente, Rosas dejó asentado que debía recurrir nuevamente a pedidos formales de información porque, según sostuvo, nunca le fue otorgada la clave necesaria para ingresar al sistema de consultas, situación que, de acuerdo con la propia funcionaria, restringe su acceso a información pública y afecta su tarea de control sobre el patrimonio municipal.

La controversia por los adoquines aparece así como un nuevo frente para Castro, en momentos en que el manejo administrativo y las contrataciones municipales vienen siendo observados con mayor detenimiento. Por ahora, la documentación exhibida acredita la existencia de los requerimientos del Tribunal, pero no demuestra por sí misma una irregularidad ni una responsabilidad administrativa o penal.

Sin embargo, fuentes relacionadas con Obras Públicas consultadas para esta nota consideran que la respuesta a esos pedidos será determinante. El interrogante pasa por establecer si cada contratación tiene respaldo administrativo, si las empresas cumplieron las condiciones exigidas, si existen los ensayos técnicos correspondientes y si lo certificado coincide efectivamente con lo ejecutado en las calles.

El problema para el intendente podría aparecer precisamente allí. Si el relevamiento encuentra diferencias entre lo contratado, lo pagado, lo certificado y lo efectivamente colocado, el expediente dejaría de ser una simple consulta administrativa para transformarse en un nuevo dolor de cabeza político para el Ejecutivo de Viedma. Hasta entonces, la lupa está puesta sobre los adoquines y será la documentación la que determine hasta dónde llega el asunto.