El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, construyó su imagen política sobre la promesa del acceso a la tierra y a la vivienda propia, pero detrás del discurso oficial de los barrios sorteados y las entregas masivas se esconde un sistema de poder que los adjudicatarios y la oposición denuncian como una estructura de corrupción, control y abuso.

El Barrio Empalme, el proyecto habitacional más visible de su gestión en Alejandro Korn, se convirtió en el escenario donde convergen las sanciones del Tribunal de Cuentas por el manejo irregular de fondos públicos, las obras entregadas a medio hacer y los relatos de vecinos que aseguran ser desalojados por patotas municipales, mientras el municipio cobra tasas por un barrio protegido que no termina de existir.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ya había advertido sobre la forma de administrar el Estado en San Vicente. En ejercicios clave como 2020 y 2022, el organismo de control detectó subejecución de fondos con destino específico, entre ellos aproximadamente 45 millones de pesos del Fondo Educativo que nunca llegaron a los fines para los que estaban destinados, además de inconsistencias contables, depósitos registrados en libros que nunca aparecieron en los bancos, débitos omitidos y falta de respaldo documental en múltiples cuentas municipales.

Las sanciones quedaron firmes. Mantegazza fue multado y se cargaron responsabilidades solidarias a funcionarios de su círculo íntimo, como la contadora municipal Cynthia Cardozo, por cientos de miles de pesos. No fueron condenas penales por enriquecimiento ilícito, pero sí un fallo contundente sobre la ausencia de controles internos y la incorrecta ejecución presupuestaria de un municipio que, en palabras de la oposición, maneja recursos con graves irregularidades.

Con ese antecedente sobre la mesa, el Barrio Empalme aparece como la punta de lanza de un modelo que privilegia la propaganda sobre la calidad y el control político sobre el derecho. El complejo de aproximadamente 500 viviendas, ubicado cerca del Polideportivo Padre Mugica, sobre la Ruta 210, fue recuperado por la Casa Municipal de Tierras a partir de programas nacionales desfinanciados y convertido en la bandera de campaña de un intendente reelecto en 2023.

Las primeras 36 casas se entregaron en diciembre de 2023 con la promesa de una solución habitacional para familias de San Vicente con residencia mínima de cinco años. El esquema exige un pago inicial de 2 millones de pesos, un segundo pago de 14 millones y, posteriormente, cuotas mensuales que rondan los 600 mil pesos, además del aporte de datos biométricos para poder validar el ingreso al barrio. Sin embargo, el acceso a la supuesta casa propia viene atado a condiciones que muchos adjudicatarios describen como un sistema de sometimiento.

En 2024, ante el recorte de la obra pública nacional, el Concejo Deliberante aprobó la entrega de alrededor de 156 viviendas con un estado de avance de entre el 75 y el 90 por ciento de terminación. La excusa oficial fue evitar el abandono y permitir que las familias avanzaran con sus propios recursos en un contexto económico difícil. La realidad, según denuncian vecinos y referentes de La Libertad Avanza, fue otra.

Las casas llegaron sin puertas, ventanas, pisos ni pintura, y con servicios inconclusos. Las calles internas, que llevan nombres de vecinos históricos de Alejandro Korn, siguen sin pavimentar. Pese a todo, el municipio cobra tasas municipales, incluido un extra por barrio protegido, a familias que habitan entre el cemento y el barro.

El control del barrio no termina en el cobro. El sistema de ingreso por huella dactilar, que solo reconoce al titular de la propiedad, funciona como un mecanismo de exclusión doméstica. Los familiares que salen del complejo quedan afuera si no están registrados, una medida que los adjudicatarios interpretan no como seguridad, sino como un método de disciplinamiento social.

Sin embargo, las denuncias más graves apuntan a una estructura de poder paralela. Vecinos aseguran que alrededor del 30 por ciento del barrio estaría ocupado por empleados municipales y allegados al intendente, acomodados directamente por la secretaria municipal Mabel Rojas, lo que convertiría al Empalme en un feudo administrativo.

Los relatos se vuelven más duros cuando se refieren a los desalojos espontáneos. Según adjudicatarios que piden resguardo de sus identidades, quienes se atrasan en los pagos no reciben un juicio ni una mediación. Reciben, dicen, la visita de patotas municipales que los desalojan por la fuerza, con violencia si es necesario, bajo amenazas de perder todo lo invertido. Luego, la vivienda vuelve al sorteo municipal y el ciclo se reinicia.

Ex empleados de la gestión del ex intendente Esteban Gómez que viven en el barrio habrían sido blanco de ataques brutales por parte de esos mismos grupos: habrían sido desvalijados, expulsados de sus casas y dejados afuera mediante el cambio de sus huellas en el sistema de seguridad. Cuando intentaron denunciar en la comisaría, aseguran que no quisieron tomarles la denuncia. La imagen que los vecinos tienen del lugar es desoladora: un barrio que pretende parecerse a Nordelta, pero habitado por empleados municipales y regido por la ley del más fuerte.

Ni el municipio ni la Justicia local ofrecieron respuestas públicas sobre estos episodios específicos. Tampoco hay investigaciones oficiales abiertas por la Justicia. La fiscalía local, a cargo de Karina Guyot, quien, según afirmaron fuentes, estaría vinculada a negocios inmobiliarios con la gestión del intendente Mantegazza, brilla por su ausencia en cuanto a acciones judiciales frente a los reclamos de los vecinos, que alimentan la sospecha de un sistema cerrado donde la política, el dinero municipal y el control territorial se mezclan bajo la mirada cómplice de quienes deberían controlar.

Mantegazza sigue en el cargo. El Barrio Empalme continúa en pie como emblema de su gestión. Entre las casas inconclusas, las calles de tierra y los vecinos que temen quedarse sin techo y sin voz, crece la sensación de que en San Vicente la corrupción no es un error administrativo, sino una forma de gobernar.