La crisis en torno al Cerro Catedral volvió a golpear de lleno a la gestión del intendente Walter Cortés. La acumulación de reclamos de trabajadores, deportistas y prestadores turísticos terminó forzando al Concejo Deliberante a crear una comisión especial para intentar encontrar una salida política a un conflicto que, según denuncian distintos sectores, se profundizó durante la actual administración.

La decisión expone un nuevo foco de conflicto para el jefe comunal, cuya gestión vuelve a quedar cuestionada por la falta de respuestas en uno de los principales motores económicos de Bariloche. Mientras el Ejecutivo municipal mantiene silencio, las quejas por las condiciones impuestas dentro del área concesionada del Cerro Catedral continúan multiplicándose y ahora llegaron formalmente al ámbito legislativo.

Fue el propio presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río, quien confirmó que durante el receso ingresaron numerosas presentaciones vinculadas con la situación del cerro. Según explicó, existen trabajadores y sectores ligados a la montaña que aseguran haber quedado excluidos del contrato de concesión vigente y que hoy ven comprometida la posibilidad de desarrollar sus actividades laborales.

La gravedad del escenario obligó a los concejales a conformar una comisión especial que convocará tanto a los damnificados como a la empresa CAPSA, concesionaria del complejo. El objetivo será analizar alternativas para modificar el contrato mediante una eventual adenda, una situación que deja en evidencia que el esquema impulsado por la Municipalidad presenta falencias que ahora deberán ser corregidas.

Lejos de tratarse de un conflicto aislado, el caso vuelve a poner bajo la lupa la conducción política de Walter Cortés, quien ya enfrenta cuestionamientos por la crisis del vertedero municipal, los conflictos con la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y otros problemas de gestión que se vienen acumulando desde el inicio de su mandato.

Desde el propio Concejo reconocieron que los reclamos no pueden ser resueltos por el Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral (EAMCEC), debido a que muchas de las situaciones denunciadas ni siquiera fueron contempladas en el contrato firmado con la concesionaria. En otras palabras, las deficiencias del acuerdo terminaron dejando sin protección a distintos actores que desarrollan su actividad en la montaña.

La situación representa un fuerte llamado de atención para el Ejecutivo municipal. Si el contrato requiere modificaciones para incorporar a sectores que quedaron afuera, las críticas inevitablemente apuntan a quienes tuvieron la responsabilidad política de administrar y supervisar una de las concesiones más importantes de la ciudad.