Seis familias podrían perder sus terrenos en Moreno por un procedimiento municipal denunciado como irregular

Un nuevo conflicto por tierras involucra al Municipio de Moreno, acusado de impulsar un desalojo que podría dejar a seis familias sin los terrenos que ocupan. Los denunciantes sostienen que el procedimiento sería compulsivo e irregular y cuestionan que la administración local avance sobre inmuebles mediante una ordenanza municipal que, según plantean, contradice normas provinciales y nacionales.

La acusación sostiene que este tipo de intervenciones no se limitaría a tierras fiscales, sino que también alcanzaría terrenos y propiedades privadas. Según el planteo, el Ejecutivo municipal utilizaría herramientas administrativas locales para avanzar sobre distintos inmuebles sin respetar los procedimientos establecidos por la legislación de Hábitat.

En el centro del cuestionamiento aparece el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), organismo creado durante la gestión de Mariano West. Actualmente está encabezado por Leonardo Grosso, exdiputado nacional y dirigente proveniente del Movimiento Evita, quien llegó al organismo durante la administración de la intendenta de Moreno.

Los denunciantes calificaron al IDUAR como el instrumento utilizado por el Ejecutivo para llevar adelante estas intervenciones y cuestionaron particularmente la conducción de Grosso. Además, vincularon el conflicto por las tierras con una disputa más amplia alrededor de distintas áreas y negocios bajo órbita municipal.

En ese sentido, también señalaron a la planta de reciclado de residuos y a una eventual cooperativa que podría intervenir en una de las zonas del transporte público que serían privatizadas. Esas acusaciones forman parte del planteo realizado contra la administración municipal y, con la información disponible, no se encuentran acreditadas judicialmente.

El caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento los procedimientos utilizados sobre tierras en Moreno. La situación inmediata se concentra ahora en las seis familias alcanzadas por el conflicto y en la legalidad de las herramientas utilizadas por el Municipio para intervenir sobre esos terrenos.