Judiciales y Policiales Conflicto histórico

Tras años de pelea, la UNCuyo logró un fuerte respaldo judicial contra sectores ligados a Vila

El dictamen considera que limitar la restitución del predio vaciaría de contenido la decisión previa de la Corte Suprema.

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Tras años de pelea, la UNCuyo logró un fuerte respaldo judicial contra sectores ligados a Vila
La UNCuyo busca recuperar de manera integral los terrenos ubicados al oeste de la Avenida Champagnat.
18 de mayo de 2026, 18:29 hs18/5/2026 18:29 hs · 2 min de lectura

La Universidad Nacional de Cuyo obtuvo un dictamen favorable en la causa judicial que mantiene desde hace años con la familia Vila por terrenos ubicados al oeste de la Avenida Champagnat, en Mendoza.

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La Procuración General de la Nación consideró procedente el recurso presentado por la UNCuyo contra un fallo de la Cámara Federal de Mendoza que había permitido que parte de los terrenos continuaran ocupados por terceros vinculados al conflicto.

El dictamen fue firmado por la procuradora Laura Mercedes Monti y sostiene que debe hacerse lugar a la queja presentada por la universidad para garantizar el cumplimiento total del desalojo ordenado previamente por la Corte Suprema.

Aunque la opinión de la Procuración no es vinculante, representa un antecedente importante antes de la resolución definitiva que deberá tomar el máximo tribunal del país.

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El conflicto judicial comenzó cuando el empresario Alfredo Luis Vila impulsó una demanda de usucapión para quedarse con terrenos considerados de dominio público. En 2012, la Corte Suprema rechazó ese planteo y ordenó el desalojo del predio.

Sin embargo, posteriormente surgió una nueva controversia durante la ejecución de la sentencia. La Cámara Federal de Mendoza entendió que parte de los terrenos estaba ocupada por terceros que no habían participado del juicio y que no podían ser desalojados sin otro proceso judicial.

La UNCuyo cuestionó esa interpretación y sostuvo que limitar el alcance del fallo frustraba el cumplimiento real de la sentencia original. Además, argumentó que la restitución parcial de los terrenos resultaba insuficiente y dificultaba el acceso y aprovechamiento integral del predio.

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En el dictamen, la Procuración señaló que restringir el desalojo únicamente al actor original implicaría dejar sin efecto práctico la decisión adoptada previamente por la Corte Suprema sobre bienes considerados públicos.

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