Tras los disturbios en Villa Gesell, Vivas habla de “secuestro” y apunta directo al intendente

La crisis política en el Concejo Deliberante de Villa Gesell sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un video grabado dentro del recinto por el concejal Luis Vivas. En el mensaje, aseguró que él y otros ediles estuvieron “secuestrados y privados de la libertad” durante varias horas luego de las agresiones ocurridas en la sesión por el presupuesto.

El video fue registrado cerca de las 22:15, cuando los concejales opositores permanecían dentro del edificio sin poder retirarse con normalidad. Vivas explicó que ya habían radicado una denuncia, pero señaló que no lograban contacto con el fiscal, lo que profundizó la tensión en medio de la situación.

En su relato, el edil responsabilizó directamente al intendente Gustavo Barrera por el contexto que derivó en los incidentes. Sostuvo que el conflicto se generó en torno a negociaciones políticas y gremiales, y planteó que el escenario terminó afectando a los vecinos y al funcionamiento institucional.

El concejal también advirtió sobre el nivel de violencia vivido dentro del recinto. Describió la jornada como “un día negro para la democracia” y aseguró que se registraron agresiones físicas, amenazas y situaciones de extrema tensión que obligaron a interrumpir la actividad legislativa.

Además, denunció que durante los disturbios se habrían difundido datos personales de concejales opositores. Según expresó, grupos vinculados a empleados municipales habrían buscado domicilios de ediles con intenciones intimidatorias, lo que elevó la gravedad del episodio.

El video se suma a los hechos ocurridos durante la votación del presupuesto 2026, donde la concejala Clarisa Armando fue una de las principales afectadas. En ese contexto, se registraron empujones, insultos y el lanzamiento de objetos dentro del recinto, además de incidentes en el exterior del edificio.

Tras lo ocurrido, concejales opositores presentaron denuncias policiales y anticiparon que avanzarán con actuaciones en la Justicia. El caso ya generó repercusiones políticas a nivel provincial y regional, con pedidos de investigación y sanciones para los responsables.