Tres agentes de Moreno fueron arrestados tras una sorpresiva inspección con evidencia de tormentos

Tres efectivos del Servicio de Calle de la Comisaría Primera de Moreno, a cargo de Matías Fontela, fueron detenidos este viernes, acusados de cometer torturas, vejaciones y abusos de autoridad contra personas privadas de su libertad dentro de la propia dependencia policial.

Los arrestos fueron ordenados por el Juzgado número 1 de Moreno y ejecutados por la Policía Federal Argentina en los domicilios particulares de los imputados: Diego Gabriel Arias, Cristian Gabriel Abregú y Mauro Damián Gorosito.

La causa tomó impulso cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una inspección sorpresa en los calabozos de la comisaría. Durante la recorrida, varios detenidos denunciaron golpes, desnudos forzados, requisas violentas y comida arrojada al piso como forma de castigo.

El episodio más grave surgió del testimonio de un joven, detenido por consumo de estupefacientes y no por venta, quien aseguró haber sido trasladado a un despacho del primer piso, donde lo ataron, golpearon y le aplicaron descargas eléctricas para obligarlo a brindar información sobre drogas. Según la denuncia, los policías habrían utilizado una palangana con agua, cables y una batería como método de tortura.

Durante la inspección posterior realizada por la Justicia sin previo aviso, se encontraron los mismos elementos descritos por la víctima, confirmando el relato y agravando el expediente.

En total, la investigación reúne 11 testimonios, con 10 víctimas directas: una por tortura y el resto por vejaciones, abusos y apremios ilegales. El caso está a cargo de la Fiscalía número 7 de Moreno, dirigida por Érica Chiessi, con intervención de la jueza Adriana Julián.

Los policías habían intentado evitar su arresto solicitando la eximición de prisión, pero el pedido fue rechazado. Como los delitos imputados no son excarcelables, permanecerán privados de libertad mientras avance el proceso.

Aún más grave, la comisaría tenía los calabozos clausurados por orden judicial, pero seguía alojando detenidos, una irregularidad que ya es investigada. Hasta nuevas disposiciones, la dependencia tiene prohibido albergar detenidos.