Un proyecto apunta contra las cuentas truchas y exige identificar a quienes intervienen en discusiones públicas

Una propuesta presentada ante la Cámara de Diputados de la Nación busca establecer nuevas reglas para el debate público en redes sociales, con foco en la identificación real de los usuarios, la eliminación de perfiles falsos utilizados para ocultar responsabilidades y el control de bots y sistemas automatizados. El anteproyecto sostiene que la participación digital debe preservar la libertad de expresión, pero también exigir responsabilidad por lo que cada persona publica.

El texto propone que quienes intervengan en espacios digitales de debate público utilicen perfiles asociados a su verdadera identidad, previamente verificada por las plataformas. A la vez, aclara que esa identificación no podrá utilizarse para censurar opiniones, críticas, denuncias o posiciones políticas.

La iniciativa también prohíbe perfiles creados para suplantar personas, impulsar campañas de hostigamiento o fabricar artificialmente apoyos y rechazos. En el caso de cuentas manejadas mediante bots o inteligencia artificial, plantea que deberán estar claramente identificadas y no podrán utilizarse para simular seguidores, comentarios, reacciones, tendencias o mayorías inexistentes.

Otro de los ejes apunta directamente a la manipulación algorítmica. Las plataformas deberían implementar mecanismos para detectar operaciones coordinadas destinadas a alterar tendencias o consensos, además de transparentar quién financia, contrata y se beneficia con campañas pagas de influencia.

El proyecto se vincula con otra presentación que reclama sanciones contra las denominadas “granjas de bots”, estructuras automatizadas utilizadas para fabricar tendencias o intervenir artificialmente en el debate político. Esa propuesta pide incluso auditorías algorítmicas obligatorias para las grandes plataformas de cara al proceso electoral de 2027.

El principio que atraviesa ambas iniciativas quedó sintetizado en una frase incluida en los fundamentos. “Opinar es un derecho. Hacerse cargo de lo que uno dice es un deber”, plantea el texto, que busca trasladar al ámbito digital una regla de identificación y responsabilidad sin establecer una “verdad oficial” ni habilitar censura previa.