En Mercedes, el vecino Martínez Tissier denuncia desde hace tiempo la usurpación de su terreno por parte del intendente camporista Juan Ustarroz, quien habría enviado a empleados municipales para ocupar la mitad de la propiedad y convertirla en un basural clandestino. Desde el inicio, el vecino fue blanco de ataques y amenazas, y también ha sufrido incendios intencionales por parte de allegados al jefe comunal.

El predio, que fue incendiado en reiteradas ocasiones, se encuentra en medio de un conflicto judicial entre Ustarroz y la familia propietaria. “Los intereses desmedidos del intendente por quedarse con las tierras en sucesión no tienen límites y, con la complicidad de Matías Maresca, secretario de Seguridad, y Javier Guevara, abogado del municipio, están intentando avanzar con la invasión de la propiedad”, explicó el vecino.

En un principio, el municipio habría creído que el propietario había fallecido y avanzó sobre parte del terreno, como, según denuncian, ocurre habitualmente en Mercedes ante la muerte de vecinos sin familiares.

Mientras la causa judicial parece estar frenada, la familia hizo pública una nueva denuncia, esta vez por un ataque con disparos de arma de fuego por parte de dos tiradores que pasaron por encima de una montaña de basura y fueron registrados en imágenes por los Martínez Tissier.

Las denuncias por usurpaciones son frecuentes en la ciudad, donde, según señalan, los datos catastrales están controlados por militantes de La Cámpora dedicados al robo de bienes de personas fallecidas e incluso de vecinos aún vivos.

Martínez Tissier no solo acusa al municipio de arrojar desechos en su propiedad, sino que también vincula la situación con lo que describe como “negocios inmobiliarios corruptos” promovidos por las autoridades locales.

“Mi caso será el que destape el negocio inmobiliario corrupto de la ciudad”, afirmó en un posteo reciente, en el que sostiene que la intervención en su terreno no responde a una supuesta limpieza de un baldío, sino a intereses económicos ocultos. Hasta el momento, no ha habido consecuencias legales para el intendente ni para sus agresores, pese a las denuncias y a las evidencias presentadas.