Una denuncia por emisiones contaminantes vuelve a poner en foco al Puerto de Mar del Plata

En el marco de la causa judicial por presunta contaminación industrial en el Puerto de Mar del Plata, un querellante presentó ante la Fiscalía un extenso informe técnico en el que acusa a las empresas Agustiner S.A. y Coomarpes Ltda. de mantener durante años un sistema ineficiente de tratamiento de gases para reducir costos operativos.

Según la presentación judicial, las firmas habrían reemplazado la instalación de termodestructores, equipos específicos para eliminar compuestos contaminantes, por calderas industriales utilizadas para el proceso productivo, lo que, según el denunciante, no permitiría destruir adecuadamente los compuestos químicos generados durante la elaboración de harina de pescado.

El informe sostiene que para eliminar olores y compuestos orgánicos complejos se requieren temperaturas superiores a los 750 u 800 grados, mientras que las calderas utilizadas operarían a temperaturas considerablemente menores, lo que permitiría que gases con aminas y otros compuestos sean liberados a la atmósfera.

De acuerdo con la presentación, esta decisión técnica estaría vinculada a una reducción deliberada de costos energéticos, ya que operar los equipos adecuados implicaría un mayor consumo de energía. El querellante sostiene que esta situación se mantiene desde hace más de dos décadas de trámite judicial.

En el escrito también se solicita que la investigación incorpore peritajes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET, además de analizar registros de consumo de gas de las plantas industriales para comparar el uso energético con los niveles de producción.

La denuncia plantea que la exposición prolongada a estos compuestos podría generar impactos en la salud de vecinos de la zona portuaria, especialmente en personas con afecciones respiratorias o sistemas inmunológicos vulnerables.

El querellante pidió a la Fiscalía que la información presentada sea incorporada como prueba técnica dentro del expediente y que se investigue la posible responsabilidad de los directivos de las empresas involucradas.