El conflicto entre Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ) y su ex distribuidor QUILBEB SUR SA continúa escalando en la Justicia penal. La denuncia, liderada por el abogado Fernando Burlando, apunta a maniobras fraudulentas en perjuicio de uno de los distribuidores históricos de la empresa.

El escrito, admitido por el juez de Garantías 4 de Quilmes, Damián Vendola, señala presuntos delitos de usurpación, desobediencia judicial y privación ilegítima de la libertad.

Según la denuncia, el 26 de mayo de 2025, un operativo encabezado por Miguel Ángel Staropoli y Carlos Pérez irrumpió en el depósito de QUILBEB SUR en el Parque Industrial Plátanos, Berazategui, impidiendo el ingreso de empleados, reteniendo al chofer de la firma y retirando bienes, documentación, vehículos y dinero. La ocupación del predio habría contado con apoyo policial y derivó en la intervención del Grupo Veneroni.

Entre los acusados aparecen altos directivos de CMQ y de AB InBev, entre ellos Martín Ticinese, presidente de la cervecera, y su vicepresidente Tomás Fracchia. La denuncia también se extiende a directivos regionales y locales, por delitos como asociación ilícita, fraude al comercio y sabotaje empresarial.

La UFIyJ 4 de Berazategui, bajo la fiscal Silvia Borrone, ordenó medidas urgentes, incluyendo la identificación de imputados, secuestro de registros fílmicos y relevamiento de entradas y salidas del Parque Industrial.

Staropoli y Pérez ya fueron notificados de su imputación. En paralelo, la causa se sigue en La Plata y Quilmes, acumulando distintos expedientes que incluyen delitos de desbaratamiento de empresas y evasión fiscal.

Burlando sostuvo que se trata de un "atropello institucional que busca eliminar a un distribuidor histórico para favorecer a otros actores cercanos a la empresa" y adelantó que impulsará "todas las medidas necesarias, desde allanamientos hasta exhortos internacionales, para que los responsables den la cara en la Justicia".

Por su parte, el abogado Javier Ignacio Baños, también representante de QUILBEB SUR, afirmó que "no es un hecho aislado, sino una estrategia sistemática de exclusión que violenta los principios de competencia leal y respeto a las resoluciones judiciales".

Mientras tanto, la Justicia citó a indagatoria para los días 7 y 9 de octubre a dos imputados de la distribuidora Beneroni SA, actual socia de Quilmes, acusados de participar en maniobras de usurpación, defraudación y robo.

El equipo de Burlando enfatiza que espera un accionar "rápido y contundente" de la Justicia para frenar lo que califican como "una embestida contra la propiedad privada y los derechos comerciales".