VIDEO | Peretta impulsa una reforma penal juvenil con eje en educación e internación
El líder de Movimiento Plural planteó que la baja de la edad de punibilidad a 14 años debe ir acompañada por la creación de escuelas pupilo con formación laboral, disciplina y contención, y sostuvo que invertir en educación cerrada es más barato que enfrentar las consecuencias del delito.
El dirigente sindical y líder del espacio Movimiento Plural, Marcelo Peretta, volvió a instalar el debate sobre la Ley Penal Juvenil al pronunciarse a favor de bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años y proponer la creación de "Escuelas Pupilo" destinadas a menores que delinquen. La iniciativa fue presentada en el marco de una entrevista televisiva y forma parte de una mirada integral que, según sostuvo, busca atacar las causas estructurales de la inseguridad.
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Durante su participación en el programa "Chiche en Vivo", conducido por Chiche Gelblung en Net TV, Peretta afirmó que la baja de la edad de imputabilidad por sí sola no resolverá el problema. En ese sentido, planteó la necesidad de retomar el modelo de escuelas pupilo, establecimientos en los que los jóvenes permanezcan internados, con visitas familiares periódicas, y accedan a educación formal, formación laboral, alimentación adecuada y actividades deportivas.
El referente explicó que la propuesta apunta a trabajar de manera articulada con el sistema educativo para que, en un plazo de cinco años, los adolescentes egresen con una profesión que les permita insertarse en el mercado laboral. A su entender, el acceso a un oficio es la herramienta central para evitar que los menores queden atrapados en circuitos de delito y narcotráfico, especialmente en contextos familiares donde, según señaló, no existe contención suficiente.
Asimismo, rechazó que el esquema de educación pupilo pueda considerarse antidemocrático y lo comparó con experiencias del mundo desarrollado, donde (indicó) sectores de altos ingresos eligen ese tipo de formación para sus hijos. Finalmente, instó al Estado nacional a destinar recursos a este tipo de instituciones al considerar que el costo de la delincuencia y sus consecuencias sociales resulta mayor que la inversión en prevención y recuperación de jóvenes en conflicto con la ley penal.
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