La escena sucedió en una reunión barrial. Vecinos del barrio COVEPAM 6 escuchaban atentos a las autoridades cuando Juan Manuel Iglesias, titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, sorprendió con una propuesta insólita: “Ustedes deberían pagar las alarmas. El mantenimiento y el chip lo cubre el Municipio”.

La frase encendió las alarmas, literal y políticamente, ya que contradice la versión oficial que el propio gobierno local difundió meses atrás, donde aseguraban que el sistema de alarmas vecinales era un beneficio gratuito para contribuyentes sin deudas y totalmente gratuito para jubilados.

La situación se torna aún más llamativa con la presencia de Federico Doello, ladero de Iglesias y figura sin designación oficial ni aparición en organigrama municipal, aunque cobra como funcionario. Su vínculo con Iglesias no sería solo político: ambos compartirían proyectos comunicacionales y una clara intención de extender su red de influencia.

Volviendo al sistema de alarmas, el Municipio había comunicado en su momento que sería gratuito, con monitoreo incluido, siempre que el vecino estuviera al día con sus impuestos. “Una herramienta más de prevención comunitaria”, decían los comunicados oficiales.

Hoy, esa herramienta parece una oportunidad de facturación paralela, o al menos, una confusión entre la seguridad pública y los emprendimientos privados. ¿Negligencia o estrategia? ¿Desorganización o doble discurso?