Con OSPRERA intervenida, denuncian que los despidos terminaron costando $800 millones pagados con fondos de los peones rurales

Porque eso es lo que hace un buen administrador provisional, según la lógica libertaria: despedir a más de cien empleados con fueros gremiales activos, violar la ley de asociaciones sindicales y después pagarles con fondos de la salud de los afiliados los juicios que vienen.

Un negocio redondo: la plata de los peones rurales termina financiando las defensas corporativas de la misma dirigencia que los dejó sin atención médica. El expediente electrónico EX-2026-14967732-APN-GCEF#SSS ya tiene más papel que la biblioteca del Congreso, pero la pregunta que nadie responde es cómo puede ser que el interventor oficialista conteste los amparos judiciales con los mismos abogados privados de Voytenco que, mediante escrituras públicas de febrero, replican la persecución con seguridad privada que originó todo el quilombo.

No hay vuelta que darle: Lococo firma cheques con la obra social para pagarle el estudio jurídico al tipo que está sentado en el banquillo de los acusados. Una sociedad anónima del atraso.

El núcleo del entramado tiene nombres y apellidos que podrían ser un meme de la política argentina si no fuera porque los jubilados rurales se quedan sin turnos. Laura Tochi como Gerente General. María Belén Piedras Hermida como Gerente de Recursos Humanos, con una presunta licencia fraudulenta que le permite cobrar en dos lados mientras ejecuta despidos masivos.

Y el famoso Caso Santander, ese funcionario que facturó 100 millones de pesos en liquidaciones escandalosas mientras figura en la planta permanente de la Jefatura de Gabinete de Axel Kicillof en la Provincia.

Un pluriempleo tan descarado que hasta un nene de primaria sabría que es incompatible, pero Lococo lo ratifica como si nada. La superposición horaria es tan burda que parece un chiste de Nafta Súper: el tipo cobra por atender a los peones rurales mientras está en la oficina de gobernación, y nadie mueve un dedo.

Pero el plato fuerte es la alianza política que emerge detrás del desastre. La denuncia destapa un pacto tan retorcido que Scioli, Karina Milei, el sector de los Menem y el abogado Jorge Gianni aparecen como socios estratégicos de la estructura de Voytenco. ¿Qué une a esta coalición de intereses tan disímiles? El mismo objetivo: seguir ordeñando la vaca gorda de los recursos de la seguridad social rural.

Mientras el líder de UATRE va a declaración indagatoria por malversación, la intervención estatal le permite co-administrar desde las sombras. Es como si le hubieran incautado el auto al ladrón pero le dejaran las llaves del garaje. La política argentina es tan predecible que da bronca: condenan al prófugo pero le conservan el asiento en el directorio.

Ahora, de cara a las elecciones sindicales de octubre, Voytenco ensaya un discurso de "recuperación judicial" de la obra social que provoca una pregunta lapidaria: ¿Para qué quiere recuperar la conducción de OSPRERA si lo único que hizo fue desviar fondos, cerrar consultorios y provocar la intervención consecutiva del juez Baric en La Pampa y del propio Poder Ejecutivo? Los técnicos damnificados ya empiezan a evaluar lo que nadie quiere decir en voz alta: tal vez la liquidación de la obra social sea la única forma de salvar lo que quede de los peones.

Porque este management no es un error de gestión: es un plan de vaciamiento sistemático disfrazado de intervención transitoria. Y si los 800 millones de pasivo son apenas la punta del iceberg, imaginen lo que debe haber bajo la línea de flotación.

Por último, el dato que cierra el círculo: la exigencia de los delegados a la Superintendencia y al Ministerio de Salud de reincorporación en 48 horas no es un capricho gremial, es una medida de supervivencia. Pero en este gobierno, los plazos perentorios son como las promesas de campaña: existen para no cumplirse.

Mientras los abogados de Voytenco cobran con fondos públicos y Tochi y Piedras Hermida siguen en sus escritorios, el peón de campo que aporta todos los meses para tener atención médica se pregunta por qué su obra social está en manos de una banda de operadores políticos que juegan al Monopoly con su salud. La respuesta, tristemente, es que nadie en el poder quiere responder.