La transparencia en los procesos de contratación de servicios públicos sigue siendo una de las principales deudas institucionales del Partido de Mar Chiquita.

En un esquema donde el municipio cuenta actualmente con 17 cooperativas de trabajo, varias de ellas proveedoras habituales de la comuna y, según se denuncia, como mecanismo de recaudación del intendente Walter Mariano Wischnivetzky, comienzan a surgir interrogantes legítimos sobre los criterios de selección, control y rendición de cuentas que rigen estas contrataciones.

Según documentación respaldatoria a la que recientemente se tuvo acceso, se detectaron irregularidades administrativas en cooperativas que han recibido transferencias de fondos públicos en reiteradas oportunidades. En el caso de la Cooperativa de Trabajo Modelo Industrial Argentino Limitada, la entidad adeudaría la presentación de documentación obligatoria desde el año 2024, situación que no habría impedido que continúe siendo proveedora del municipio.

Por su parte, la Cooperativa de Trabajo América Vivoratá Limitada habría realizado presentaciones parciales correspondientes a los años 2021 y 2024, manteniendo pendientes la totalidad de la documentación de los períodos 2022, 2023 y 2025. A pesar de estas inconsistencias, los registros analizados dan cuenta de transferencias superiores a los 30 millones de pesos efectuadas desde la comuna en distintas oportunidades.

A este entramado se suma la Cooperativa de Trabajo “Mil Producciones Limitada”, dedicada a la organización de eventos culturales y fiestas populares del partido. Se trata de una entidad recientemente constituida, presidida por Pablo Ciambotti y promovida, según información pública, por Diego Ginestra, Director Regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y por Facundo Bochicchio, actual Secretario de Gobierno del Partido de Mar Chiquita, y que habría concentrado la realización de la totalidad de los eventos culturales oficiales del distrito.

En este contexto, resulta insoslayable el rol de las áreas técnicas y jurídicas del municipio, responsables de evaluar, dictaminar y avalar la legalidad de los procesos administrativos y contractuales. En particular, la Dirección de Asuntos Legales de Mar Chiquita, a cargo de la abogada Sol Yarussi, interviene en la emisión de dictámenes que constituyen el respaldo jurídico de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo municipal.

El caso de la Cooperativa Arbolito y el entramado de poder

En contraste con otras entidades observadas, la Cooperativa de Trabajo Arbolito de Servicios Públicos, Obras, Consumo, Vivienda y Crédito de Mar Chiquita Ltda. se encontraría con su documentación presentada hasta el ejercicio 2024, adeudando únicamente los últimos ejercicios.

No obstante, su estructura de conducción vuelve a poner sobre la mesa un patrón que se repite. El tesorero de la cooperativa es Marcos Ramundi, persona de confianza del exintendente y actual senador provincial Jorge Paredi, a quien responde políticamente como operador territorial, jefe de prensa y titular de diversos medios digitales locales.

Según información conocida en ámbitos políticos y cooperativos, Ramundi percibiría una retribución mensual cercana a los 8 millones de pesos por su función dentro de la entidad.

La presidencia de la cooperativa recae en Mario Rivadavia, quien también respondería políticamente al senador Paredi, consolidando un esquema de conducción alineado a una misma estructura de poder político, económico y de recaudación.

Cooperativas vaciadas de su esencia

Estos casos refuerzan una preocupación de fondo: la desnaturalización del modelo cooperativo. Si bien en sus estatutos las cooperativas se definen como espacios democráticos, participativos y abiertos, en la práctica se han transformado en estructuras cerradas, donde el vecino de a pie no puede ingresar, participar ni disputar la conducción.

Lejos de funcionar como herramientas de desarrollo comunitario y economía social, muchas cooperativas operan hoy como mecanismos de recaudación, administración de fondos públicos y construcción de poder político, blindados por vínculos personales, lealtades partidarias y la ausencia de control ciudadano efectivo. Son, en los hechos, espacios colectivos mal llamados, donde lo cooperativo existe en los papeles, pero no en la realidad.

El punto central no es la existencia de cooperativas ni su participación en la vida económica y cultural del distrito, sino la ausencia de reglas claras, información accesible y mecanismos efectivos de control ciudadano. Cuando proveedores del Estado presentan documentación incompleta, vencida o directamente ausente y, aun así, continúan recibiendo fondos públicos, la confianza institucional se erosiona y se instala una sospecha que daña a todo el sistema.

La falta de procesos digitales abiertos y de publicación sistemática de expedientes, contrataciones y rendiciones impide que los vecinos puedan ejercer un verdadero rol de contralor. La transparencia no es un eslogan ni una declaración de buenas intenciones: es una obligación básica de cualquier gestión que administre recursos públicos.

Mar Chiquita necesita avanzar hacia un modelo donde las contrataciones sean claras, competitivas y auditables, donde ninguna organización, sea cooperativa, empresa o proveedor cultural, opere bajo un manto de discrecionalidad. Sin transparencia no hay confianza, y sin confianza no hay desarrollo posible.