El cobro de la tasa vial en General Pueyrredón terminó por escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y abrió un choque directo entre dos dirigentes alineados con el gobierno de Javier Milei. El exdiputado bonaerense Guillermo Castello, de La Libertad Avanza, cuestionó la legalidad del adicional del 3 por ciento que se aplica a cada carga de combustible en el distrito cuya ciudad cabecera es Mar del Plata.

La medida fue impulsada a comienzos de 2024 por la gestión del entonces intendente Guillermo Montenegro, hoy senador provincial, y sostenida por su sucesor en el municipio, Agustín Neme, ambos provenientes del PRO y actualmente integrados al armado libertario.

El reclamo de Castello obtuvo ahora un giro clave cuando la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata concedió un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, dejando el caso en manos del máximo tribunal provincial. De este modo, será la Corte bonaerense la que defina si la tasa es constitucional o no.

El exlegislador sostiene que el tributo no puede considerarse jurídicamente una tasa, ya que no existiría una prestación concreta, efectiva o individualizada del servicio que se invoca para justificarla. Además, argumenta que el gravamen viola la prohibición de aplicar impuestos análogos a tributos nacionales coparticipables, establecida en la ley 23.548, y también la prohibición de gravar combustibles líquidos, prevista en el decreto ley 505/58.

La disputa no es nueva. En agosto de 2024, Castello había obtenido un fallo favorable que declaró la inaplicabilidad de la tasa, aunque solo en su caso particular. El municipio apeló esa decisión y la Cámara la revirtió, lo que derivó en el nuevo recurso que ahora deberá resolver la Corte provincial.

El conflicto se produce en sintonía con la ofensiva del ministro de Economía, Luis Caputo, quien viene cuestionando públicamente este tipo de tributos municipales. Caputo incluso difundió un mapa de “transparencia tributaria” para exponer a los distritos con mayor presión impositiva local.

En ese relevamiento, General Pueyrredón quedó mal posicionado. Durante 2025 aplicó cuatro de las cinco tasas observadas por el Palacio de Hacienda y, en el caso de la tasa vial, ostenta la alícuota más alta de la provincia, junto a Pinamar. El distrito también se destaca por aplicar porcentajes elevados en la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, especialmente sobre entidades financieras.

Así, la discusión por la tasa vial no solo pone en juego la legalidad de un tributo clave para el financiamiento municipal, sino que también deja al descubierto las tensiones internas dentro del propio espacio libertario, con dirigentes enfrentados en los tribunales mientras el Gobierno nacional impulsa una agenda de reducción de impuestos locales.