El Gobierno nacional presentó en las últimas horas un pedido formal ante la jueza Loretta Preska para suspender el proceso de discovery y la solicitud de desacato impulsada por los demandantes en el litigio vinculado a YPF, informaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).

Según el escrito elevado al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York, el Estado argentino denunció un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos”, a través de pedidos de discovery que calificó como “intrusivos y desproporcionados”, los cuales afectan de manera directa la soberanía nacional y las relaciones internacionales.

El discovery es el procedimiento que permite a los beneficiarios del fallo requerir información y rastrear posibles activos embargables para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Desde la PTN recordaron que, durante administraciones anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades, mientras que desde la asunción del actual Gobierno, en diciembre de 2023, el país “cumplió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y con todas las obligaciones impuestas por el tribunal.

Asimismo, destacaron que el Estado argentino realizó “un esfuerzo extraordinario” para aportar la información solicitada, con “un volumen de producción sin precedentes”. Sin embargo, señalaron que, pese a ese cumplimiento, los demandantes “escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.

En ese marco, advirtieron que en las últimas semanas el fondo Burford intensificó la presión mediante una “injustificada moción de desacato” y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al respecto, la Procuración aclaró que dichas reservas son propiedad del BCRA y que, como tales, se encuentran protegidas por la inmunidad de ejecución, por lo que constituyen activos no ejecutables y cualquier requerimiento de información sobre ellas resulta “manifiestamente improcedente”.

Desde el organismo señalaron además que el discovery impulsado por los demandantes “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento”, cuyo objetivo sería entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino. En ese sentido, advirtieron que los demandantes expresaron de forma explícita su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica del país, una conducta que calificaron como “inaceptable jurídica y moralmente”.

Finalmente, la Procuración del Tesoro ratificó que la República Argentina continuará utilizando “todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles”, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos ilegítimos que vulneran las leyes nacionales, la Constitución y los principios básicos del derecho internacional.