Córdoba quedó envuelta en sospechas tras revelarse contratos millonarios que beneficiaron a tres firmas cercanas al poder

Mientras el gobernador cordobés Martín Llaryora endurece su discurso contra el Gobierno nacional por la distribución de recursos y las retenciones al campo, en Córdoba comenzaron a multiplicarse las sospechas sobre el sistema de contrataciones públicas de la provincia. Nuevos documentos oficiales revelaron que apenas tres empresas concentraron licitaciones multimillonarias en distintas áreas del Estado, desde escuelas y hospitales hasta mantenimiento de predios y espacios verdes.

Las compañías apuntadas son Servicios Drill S.A., Euro Clean S.R.L. y Pulizia S.R.L., también conocida comercialmente como Kazaró. Según los registros oficiales, las tres firmas repiten adjudicaciones en organismos como Educación, Salud, EPEC, Lotería y otras dependencias provinciales, configurando un esquema que empresarios del sector describen como cada vez más cerrado y concentrado.

Uno de los casos más impactantes aparece en las licitaciones del Ministerio de Educación. Las contrataciones para limpieza de escuelas de Córdoba capital y del interior alcanzaron un monto preadjudicado de 105.365 millones de pesos por 24 meses. Euro Clean se quedó con contratos por más de 31 mil millones, Servicios Drill obtuvo más de 23 mil millones y Pulizia sumó otros 4 mil millones solamente en la capital provincial.

La misma lógica volvió a repetirse en el Ministerio de Salud. Allí, las adjudicaciones vinculadas a hospitales y centros sanitarios alcanzaron los 29.507 millones de pesos, con las mismas empresas encabezando el reparto. Euro Clean recibió más de 10 mil millones, Drill otros 4.472 millones y Pulizia superó los 2.500 millones.

El esquema también se expandió hacia EPEC, donde Servicios Drill consiguió contratos para desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en distintas ciudades cordobesas. Pulizia, por su parte, fue adjudicataria en otras zonas estratégicas del interior provincial, ampliando un negocio que ya no se limita únicamente a la limpieza de edificios públicos.

Además de los montos, otra de las cuestiones que comenzó a generar ruido en Córdoba son las condiciones de los pliegos licitatorios. Empresarios del rubro denunciaron que en varias contrataciones se exigieron requisitos prácticamente imposibles para compañías medianas o pequeñas, como contar con más de 500 empleados registrados, múltiples certificaciones ISO y certificados emitidos por CASEGE, la cámara empresarial presidida por Lucas Dagatti, uno de los dueños de Pulizia.

En paralelo, también aparecieron cuestionamientos contra el sindicato SOELSAC, conducido por Sergio Fittipaldi. Distintas fuentes del sector aseguran que el gremio tendría un rol clave dentro del circuito administrativo vinculado a habilitaciones y certificaciones necesarias para competir en las licitaciones.

Dentro del entramado político comenzaron a mencionarse nombres de peso del oficialismo cordobés. Uno de ellos es Juan Manuel Cid, director del Banco de Córdoba y hombre de extrema confianza de Llaryora, señalado en el ambiente político provincial como un articulador entre empresarios y sectores del poder. También quedó bajo observación el rol del ministro de Economía, Guillermo Acosta, por su influencia sobre las áreas encargadas de administrar pagos y desembolsos estatales.

Aunque hasta el momento no existen imputaciones judiciales ni irregularidades comprobadas, la concentración de contratos millonarios en un grupo reducido de empresas alimentó cuestionamientos sobre el funcionamiento del esquema de adjudicaciones en la provincia. En Córdoba ya hablan de un circuito donde los negocios vinculados al Estado crecieron al mismo ritmo que la estructura política del llaryorismo.