El esquema denunciado señala que la universidad recibía transferencias mensuales del municipio, con una “comisión retenida”, para luego derivar los pagos a supuestos empleados. El monto total de las operaciones superaría los 12.570 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) hasta junio de 2025.

Entre los nombres incluidos en las listas trascendieron familiares de funcionarios y referentes políticos locales, lo que refuerza la sospecha de que los contratos podrían haber servido para canalizar sobresueldos encubiertos o financiar campañas políticas.

La denuncia sostiene que Lanús incurrió en fraude, malversación, cohecho, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito, mientras que Greco y otros funcionarios habrían participado como partícipes necesarios. Además, se plantea que la maniobra constituye una asociación ilícita por la existencia de una red organizada y reiterada en el tiempo.

Entre las medidas solicitadas, figuran:

• Allanamientos en la Municipalidad de San Isidro y en la UNSAM.

• Secuestro de documentación contable, contratos y transferencias bancarias.

• Liberación del secreto bancario de los imputados y de las instituciones involucradas.

• Inhibición de bienes y bloqueo de fondos por el equivalente a 10 millones de dólares.

• Intervención del Tribunal de Cuentas bonaerense y de la Oficina Anticorrupción.

“El sindicato vuelve a mostrar su compromiso de estar junto a sus afiliados en cada etapa de sus vidas”, afirmó Míguez en su escrito, en el que también invocó la necesidad de proteger al erario público frente a lo que calificó como “corrupción estructural”.

La denuncia deja planteado un escenario complejo para la gestión de Lanús, que deberá dar explicaciones sobre el destino de fondos millonarios y sobre la legalidad de un convenio que hoy está bajo la lupa de la justicia federal.