El Gobierno nacional confirmó que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa contando con custodia de la Policía Federal Argentina, pese a haber dejado el cargo, una decisión que volvió a generar cuestionamientos sobre los beneficios que conservan algunos exfuncionarios.

La confirmación llegó de la mano del vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada. Consultado por la continuidad del operativo de seguridad, el funcionario respondió que "por motivos de seguridad por ahora se mantiene", sin precisar hasta cuándo se extenderá la medida.

La custodia fue dispuesta luego de que Adorni denunciara haber recibido amenazas en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. En su carta de renuncia, el exfuncionario sostuvo que él y su familia fueron víctimas de intimidaciones, situación que también fue mencionada por el presidente Javier Milei, quien afirmó que las agresiones alcanzaron a la esposa e hijos de su excolaborador.

Según trascendió, la protección podría extenderse durante un año y permanece a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina.

La continuidad de este beneficio despertó críticas de distintos sectores políticos y reavivó el debate sobre los privilegios que mantienen algunos exfuncionarios, especialmente en un contexto en el que el Gobierno ha sostenido un discurso de reducción del gasto público y de eliminación de los privilegios de la dirigencia.

En paralelo, Ravier descartó que el Poder Ejecutivo haya iniciado una auditoría interna por las compras realizadas por empleados de la Jefatura de Gabinete vinculadas a Adorni. El caso tomó notoriedad luego de que se conociera que la directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, Laura Schiuma, le habría prestado su tarjeta de crédito para adquirir un monitor gamer valuado en más de dos millones de pesos, mientras que la secretaria privada Gisela Kocsis realizó compras de ropa blanca por más de cuatro millones de pesos.

"El tema está en la Justicia. Estas personas deben declarar ante la Justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogue y evalúe", sostuvo Ravier, al remarcar que la investigación continuará en el ámbito judicial.