El Senado recibió una iniciativa para castigar con cárcel a quienes fabriquen consensos falsos e interfieran en elecciones

Ignacio Zavaleta presentó ante el Senado de la Nación una petición formal para impulsar una ley que prohíba y sancione penalmente la creación, financiación y administración de granjas de bots. El planteo, fechado el 31 de agosto en Laguna Alsina, advierte sobre el uso de estas estructuras para manipular la opinión pública y fabricar falsos consensos de cara a las elecciones de 2027.

La iniciativa define a estas estructuras como sistemas integrados por SIM-boxes, servidores, software y múltiples dispositivos capaces de operar cuentas simuladas de manera coordinada. El documento también identifica al denominado “astroturfing” como una técnica destinada a representar artificialmente apoyos o rechazos que aparenten surgir de ciudadanos reales.

Uno de los puntos centrales propone incorporar un artículo 213 ter al Código Penal, con penas de entre dos y seis años de prisión para quienes financien, monten, administren o comercialicen estas infraestructuras cuando sean utilizadas para interferir en procesos electorales o difundir odio y desinformación. La pena aumentaría a entre cuatro y ocho años, con inhabilitación perpetua, si intervienen funcionarios públicos o se utilizan recursos estatales.

Zavaleta también solicitó el decomiso de servidores, celulares y otros equipos empleados en estas operaciones. La propuesta plantea que el material incautado pueda ser reasignado al sistema educativo público o a organismos dedicados a la ciberseguridad.

El anteproyecto suma obligaciones para plataformas como Meta, X y TikTok, que deberían detectar y reportar comportamientos inauténticos coordinados. En caso de incumplimiento, contempla multas de hasta el 5 por ciento de la facturación anual bruta de la compañía en Argentina.

Además, el planteo busca impedir el uso de pauta oficial, fondos de inteligencia u otros recursos públicos para contratar servicios de amplificación artificial. Zavaleta pidió que el tema sea abordado por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado.