El fiscal pidió revocar la falta de mérito y el caso Lemoine vuelve a escalar en Tribunales

Una causa judicial iniciada tras una denuncia de la diputada Lilia Lemoine volvió a cobrar relevancia luego de que el fiscal Leonel Gómez Barbella solicitara revocar la resolución de la jueza Vanesa Peluffo, quien había dictado “falta de mérito” para el empresario de medios Mario Casalongue y el periodista Ulises Cuenca.

Según informó NewsDigitales, la investigación analiza si la difusión de imágenes íntimas de la legisladora y de otras mujeres, como Lu Palavecino y Marilú Medina, podría constituir un delito de extorsión vinculado a un presunto pedido de pauta oficial.

El caso plantea una cuestión jurídica central: determinar qué conductas configuran realmente el delito de extorsión y cuándo corresponde avanzar hacia un procesamiento. El debate excede las posiciones personales de quienes siguen el conflicto y obliga a revisar el encuadre legal del hecho dentro del derecho penal argentino.

Tal como explicó NewsDigitales, en el Código Penal argentino la extorsión está regulada en el artículo 168, dentro de los delitos contra la propiedad. Este delito se configura cuando una persona utiliza intimidación o simula autoridad pública para obligar a otra a entregar dinero, bienes o documentos con efectos jurídicos, con penas previstas que van de cinco a diez años de prisión.

La figura exige además que el autor no sea funcionario público y que no exista violencia física en la entrega del dinero o bienes, ya que en ese caso el delito pasaría a ser robo. En la causa que investiga la Justicia, la hipótesis del fiscal sostiene que la difusión de fotografías íntimas habría sido utilizada como mecanismo de presión para obtener publicidad oficial para determinados portales periodísticos.

Sin embargo, como explica NewsDigitales, para que exista extorsión no basta con la publicación de material polémico u ofensivo. La ley exige demostrar que esa conducta fue utilizada específicamente para obligar a la víctima a entregar dinero o un beneficio económico, punto que se convirtió en el eje del debate judicial.

La jueza Vanesa Peluffo había dictado inicialmente una falta de mérito, una figura que se utiliza cuando las pruebas reunidas no alcanzan ni para procesar ni para sobreseer a los imputados. En términos prácticos, significa que la investigación debe continuar hasta reunir elementos suficientes para tomar una decisión definitiva.

Tal como señaló NewsDigitales, con esa resolución la magistrada consideró que no estaba acreditado de forma clara que las denunciantes hubieran sido intimidadas para entregar dinero, bienes o documentos. Por eso la medida no implica ni una absolución ni una condena, sino simplemente la continuidad de la investigación.

Frente a esa decisión, el fiscal Gómez Barbella apeló la resolución. El Ministerio Público sostiene que las publicaciones investigadas podrían tener un carácter intimidatorio y potencialmente extorsivo, por lo que considera que existen elementos suficientes para avanzar hacia el procesamiento.

Desde el punto de vista jurídico, como explicó NewsDigitales, revocar una falta de mérito no significa declarar culpable a nadie. Lo que se discute es si el expediente cuenta con elementos suficientes para pasar de una etapa preliminar a una fase más avanzada del proceso penal.

El expediente se encuentra actualmente en la Mesa de Entradas Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que dificulta su seguimiento a través del sistema de consulta habitual utilizado por abogados y operadores judiciales.

En el expediente aparecen mencionados Mario Casalongue, propietario de numerosos portales digitales cuya nave insignia es Agencia NOVA, y Ulises Cuenca, colaborador cercano del empresario y director del portal La Postal de Mar del Plata, que habría replicado parte del contenido investigado, según indicó NewsDigitales.

Desde el punto de vista procesal ambos se encuentran imputados pero no condenados, lo que significa que mantienen plenamente su presunción de inocencia y su derecho a defensa hasta que la Justicia determine si las conductas investigadas constituyen o no un delito penal.

El caso también abre un debate más amplio sobre los límites entre la libertad de expresión, el periodismo y las posibles conductas de presión ilegítima, especialmente en el contexto digital en el que se habrían producido los hechos, tal como señala NewsDigitales.

Por el momento, el expediente continúa en etapa de investigación. Entre las medidas vigentes figura una restricción de contacto entre las partes y la orden de retirar determinadas publicaciones, con el objetivo de proteger a las presuntas víctimas mientras se esclarecen los hechos.