Entre Ríos acumula demoras y Trabajo volvió a pedir datos por el expediente que involucra a un sindicato municipal

Un expediente iniciado en 2024 por denuncias vinculadas al Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales continúa atravesado por pedidos de información entre organismos administrativos y judiciales. El 17 de julio de 2026, la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo ordenó que la Agencia Territorial Paraná diligenciara “en forma urgente” un nuevo oficio al Juzgado de Garantías número 5 de esa ciudad.

Las actuaciones fueron promovidas por José Fabián Carreras y Oscar Alfredo Ríos, quienes se presentaron como afiliados y solicitaron que la autoridad administrativa instara una intervención judicial y/o administrativa sobre la entidad sindical. El expediente también registra referencias a un acuerdo conciliatorio celebrado en abril de 2024 dentro de una causa penal en la que participaron distintos integrantes del sindicato y denunciantes.

La documentación muestra que la Dirección Nacional de Asociaciones del Trabajo ya había solicitado información al Juzgado de Garantías número 5 de Paraná. Desde allí se informó que existieron resoluciones relacionadas con el levantamiento de secretos bancarios y fiscales y que, el 24 de junio de 2025, se había pedido a la Fiscalía que aportara precisiones sobre el acuerdo conciliatorio, respuesta que todavía no había llegado al momento del informe judicial.

Más de un año después, el organismo laboral consideró necesario volver a consultar al juzgado. El requerimiento busca conocer el estado actual de la causa, la eventual respuesta de la Fiscalía, el resultado de una audiencia fijada para julio de 2025 y cualquier otro elemento necesario para resolver los planteos administrativos.

Desde el sector denunciante cuestionan justamente esa secuencia y sostienen que la Secretaría de Trabajo no estableció un plazo concreto para que llegue la información judicial, lo que, según plantean, puede prolongar indefinidamente el expediente. También atribuyen responsabilidades políticas a funcionarios provinciales, aunque esa acusación no aparece respaldada en los documentos oficiales aportados.

La providencia firmada por la subsecretaria Claudia Silvana Testa sí confirma que el trámite fue declarado urgente en julio y que debía notificarse tanto a Carreras y Ríos como al sindicato involucrado. El interrogante ahora pasa por cuánto demorará la respuesta judicial y, principalmente, cuándo la autoridad laboral avanzará hacia una resolución sobre el reclamo original.