La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió convocar a un paro general de 24 horas cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión marca el cuarto paro nacional contra la administración libertaria y confirma una etapa de mayor conflictividad entre el Ejecutivo y el sindicalismo.

La medida fue definida en una reunión virtual de urgencia del Consejo Directivo cegetista, ante la posibilidad de que la sesión en la Cámara Baja se realice este jueves. El oficialismo busca acelerar el tratamiento del proyecto aprobado en el Senado y convertirlo en ley cuanto antes.

Además, el triunvirato que conduce la central obrera asistirá este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde comenzará el debate formal del texto.

Presión interna y artículo polémico

Aunque inicialmente predominaba una estrategia más moderada —orientada a negociar cambios o demorar el tratamiento legislativo—, el clima interno cambió ante la presión de distintos gremios y la controversia generada por el artículo 44 del proyecto.

Ese punto reduce el pago del salario en casos de enfermedad o accidente no vinculado a la actividad laboral: establece el cobro del 50% del sueldo, con posibilidad de elevarlo al 75% si no existió acción voluntaria ni conocimiento previo del riesgo. En la CGT consideran que la cláusula vulnera derechos individuales y que ni siquiera formaba parte del debate original.

Desde el oficialismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la modificación al señalar que existen abusos en el uso de certificados médicos, aunque dejó abierta la posibilidad de ajustes reglamentarios para contemplar enfermedades graves.

Transporte garantizado

Uno de los puntos clave para el éxito del paro es la adhesión del transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no integra actualmente la conducción de la CGT y suele mostrarse reticente a sumarse a huelgas generales, confirmó que acompañará la medida.

La decisión despeja dudas sobre la paralización de colectivos y refuerza el alcance nacional del paro. También anticiparon su adhesión la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos y trabajadores del subte, entre otros.

Advertencia judicial

Más allá de la huelga, la CGT ya anticipó que avanzará por la vía judicial si la reforma es sancionada. En un documento interno, la central sostiene que el proyecto es “contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”, y que vulnera los principios de progresividad y no regresión en materia laboral.

El texto también cuestiona que no se haya respetado el esquema tripartito que exige la Organización Internacional del Trabajo para reformas de esta magnitud.

Clima de creciente conflictividad

El malestar sindical no se limita al artículo 44. También rechazan las restricciones a la huelga en servicios esenciales, los cambios en indemnizaciones, el banco de horas, modificaciones en el régimen de vacaciones y límites a las asambleas gremiales.

Mientras tanto, sectores más duros, como el Frente de Sindicatos Unidos —que reúne a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA—, reclaman medidas aún más contundentes e impulsan movilizaciones masivas al Congreso.

La pulseada entre el Gobierno y el sindicalismo ingresa así en una fase más tensa. El Congreso será el escenario formal del debate, pero la calle —y el transporte detenido— podrían marcar el verdadero termómetro político.