Ignacio Zavaleta presentó ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires una ampliación de su propuesta para descentralizar y municipalizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El planteo busca que los municipios tengan participación directa en la prestación y en los recursos generados, aunque la Provincia conservaría la regulación, homologación, fiscalización y los estándares técnicos.

La nueva presentación profundiza una iniciativa que ya había llegado formalmente a la Legislatura. La Cámara registra el antecedente P-12/26-27-0, correspondiente al anteproyecto remitido por Zavaleta para municipalizar la VTV y el Registro de Autopartes.

Uno de los cambios centrales apunta directamente al bolsillo. El anexo económico propone como criterio inicial una reducción mínima del 15 por ciento sobre la tarifa básica provincial. Tomando como referencia los 97.057,65 pesos vigentes desde enero de 2026, el documento calcula una tarifa aproximada de 82.499 pesos, aunque aclara que se trata de una estimación que deberá ajustarse según los costos reales y la legislación que eventualmente se sancione.

El esquema también pretende resolver una diferencia que afecta particularmente al interior bonaerense. En localidades sin plantas cercanas, realizar la VTV implica sumar combustible, tiempo, desgaste del vehículo y eventualmente una jornada laboral perdida. Por eso, la iniciativa contempla plantas municipales, regionales o móviles, consorcios entre comunas y convenios con talleres habilitados, sin obligar a que cada distrito construya una planta propia.

La propuesta plantea además que los municipios reciban una parte identificable de los recursos generados en su territorio. Ese dinero no podría incorporarse libremente a gastos generales, sino que tendría que destinarse específicamente a bacheo, reparación de calles, caminos rurales, señalización, iluminación de sectores críticos, equipamiento e infraestructura de seguridad vial.

Otro punto es la apertura a una mayor competencia. El proyecto contempla prestadores privados habilitados y propone establecer requisitos técnicos uniformes, publicidad de cánones y aranceles, auditorías y límites económicos para evitar posiciones dominantes. El anexo económico sugiere inicialmente un canon máximo equivalente al 10 por ciento de la facturación neta de IVA, sujeto a un estudio posterior.

La ampliación también incorpora el problema de las actuales concesiones. En lugar de plantear su eliminación automática, propone reconstruir la situación de cada contrato, identificar cuáles están vigentes, vencidos o prorrogados y determinar las obligaciones pendientes antes de avanzar hacia otro modelo. El anexo establece como criterio un período de transición de hasta 12 meses, con continuidad del servicio durante el proceso.

Finalmente, Zavaleta solicita que las comisiones legislativas requieran información oficial sobre cantidad de verificaciones, facturación, tarifas, plantas, cánones y contratos. La propuesta busca que los municipios puedan adherir mediante ordenanza y resume su objetivo en dos puntos concretos para el usuario: pagar menos y recorrer menos kilómetros para cumplir con la VTV.