Las cuentas que no cierran: denuncian inconsistencias patrimoniales del ex funcionario nacional Raúl Clavero

Un informe patrimonial y una denuncia presentada ante organismos de control ponen bajo la lupa las declaraciones juradas del ex subsecretario de Relaciones con las Provincias, Raúl Ezequiel Clavero.

El expediente señala diferencias millonarias en la valuación de bienes, deudas que no aparecen en una de las declaraciones, una llamativa variación en el valor de una Ford Ranger y una brecha de financiamiento que debería ser explicada. La documentación, sin embargo, aclara que varias de las hipótesis requieren verificación bancaria, registral y contable.

Raúl Ezequiel Clavero llegó al Gobierno nacional en agosto de 2022, cuando fue designado por decreto como subsecretario de Relaciones con Provincias de la Secretaría de Provincias del entonces Ministerio del Interior. Su renuncia fue aceptada con fecha 10 de diciembre de 2023.

Ahora, documentación incorporada a una presentación ante la Oficina Anticorrupción y al Ministerio Público Fiscal plantea una serie de interrogantes sobre la evolución de su patrimonio durante el período en que ocupó el cargo. El material incluye tres declaraciones juradas patrimoniales oficiales, un análisis técnico de inconsistencias y una denuncia que solicita medidas de investigación.

De 21,3 millones a más de 60 millones

Uno de los principales puntos señalados surge de la comparación de las declaraciones patrimoniales. Según el análisis incorporado al expediente, el patrimonio neto de Clavero pasó de aproximadamente 21,35 millones de pesos al cierre de 2022 a 60,3 millones al cierre de 2023, lo que representa un incremento cercano al 180 por ciento.

El informe sostiene que el aumento de los activos durante 2023 alcanzó aproximadamente 42,47 millones de pesos. Entre los movimientos identificados aparecen un fuerte crecimiento de las inversiones en obligaciones negociables y fondos comunes, además de variaciones en créditos tributarios y otros activos.

La documentación plantea, en particular, una brecha entre los recursos que aparecen como explicables a partir de ingresos laborales, eventuales liquidaciones y endeudamiento, y el crecimiento efectivo de los bienes declarados. La pericia habla de una brecha de financiamiento del orden de 20,2 millones de pesos, mientras otros apartados del mismo expediente utilizan un rango más amplio, de entre 16 y 28 millones, dependiendo de las hipótesis y estimaciones consideradas.

El propio documento advierte que este cálculo no equivale, por sí mismo, a determinar la existencia de un delito. Para establecer el origen de los fondos serían necesarios, entre otros elementos, movimientos bancarios completos, documentación de operaciones financieras, títulos de propiedad y registros tributarios.

Una Ford Ranger que aparece valorizada con un salto del 235 por ciento

Uno de los puntos más llamativos del análisis es el tratamiento patrimonial de una Ford Ranger modelo 2016. Según las declaraciones analizadas, el vehículo aparece valuado en 3.201.000 de pesos durante 2023 y posteriormente en 10.723.400. El informe calcula una variación del 235 por ciento y considera que ese salto requiere una explicación técnica específica.

Entre las hipótesis enumeradas aparecen un eventual error de conversión de valores, una duplicación de registros o una revaluación cuya justificación debería ser aportada. El propio análisis recomienda verificar el título del vehículo, la póliza de seguro y realizar una tasación profesional independiente.

La documentación es categórica en cuanto a que no alcanza con la comparación de las declaraciones para determinar qué ocurrió realmente. Por eso propone una auditoría específica del automotor y la constatación registral correspondiente.

Bienes que bajan y deudas que aparecen

Otro de los interrogantes está relacionado con la diferencia existente entre las declaraciones inicial y anual de 2022. La declaración inicial rectificativa presentada en septiembre de 2022 consignaba bienes por 17.774.248,73 de pesos. En la declaración anual, el valor de los bienes al inicio del período aparece en 13.121.238,26. La diferencia asciende a 4.653.010,47, equivalente a una reducción del 26,2 por ciento.

El análisis identifica que parte de esa diferencia se concentra en inmuebles ubicados en Córdoba y sostiene que no surge de la documentación acompañada una tasación profesional que permita explicar las variaciones. A esto se suma otro punto sensible: en la declaración inicial no aparecen deudas, mientras que en la anual se consignan pasivos por 4.703.000 pesos. La documentación individualiza obligaciones con el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Santa Cruz y otros acreedores.

La denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción solicita que Clavero explique documentalmente estas diferencias y que se determine cuándo fueron contraídas las obligaciones, cuál fue su destino y cómo fueron reflejadas en cada declaración.

El vínculo con el Banco de Santa Cruz

El expediente también pone el foco sobre la relación que Clavero declaró haber mantenido con el Banco de Santa Cruz. En su declaración anual de 2022 aparece una relación privada con la entidad desde marzo de 2020, con licencia a partir de agosto de 2022, coincidiendo con su incorporación al Ministerio del Interior. Además, el propio formulario registra una respuesta afirmativa respecto de una pregunta vinculada con la existencia de relaciones de proveedor, contratista, beneficiario o sujeto regulado por el organismo en el que se desempeñaba.

La vinculación no surge solamente del expediente presentado recientemente. Documentación oficial de Santa Cruz registra que Clavero fue designado en marzo de 2020 como síndico titular en representación del Poder Ejecutivo provincial ante el Banco de Santa Cruz. En agosto de 2022, al pasar a la órbita nacional, se aceptó su renuncia a esa función.

La denuncia sostiene además que durante el período analizado existieron deudas declaradas con esa misma entidad bancaria y pide determinar qué funciones desempeñó efectivamente Clavero, además de establecer si correspondía algún mecanismo de excusación frente a asuntos vinculados con el banco o con la Provincia de Santa Cruz.

La pista de la Chacra 83 y el Club Bancruz

La presentación también incorpora una línea de investigación que conecta las inconsistencias patrimoniales con una operación inmobiliaria vinculada al Club Social y Deportivo Bancruz de Río Gallegos.

Según la denuncia, un inmueble rural de más de 14 hectáreas identificado como "Chacra 83", que habría integrado el patrimonio de la institución, habría sido primero objeto de un contrato de locación y posteriormente transferido al Sindicato de Petroleros Privados. En esa operación habría intervenido Luis Clavero.

El denunciante sostiene que los fondos derivados de esa operación no habrían sido registrados en los estados contables de la asociación ni ingresado a sus cuentas bancarias. Sin embargo, el propio escrito aclara que esta circunstancia debe ser comprobada mediante documentación registral, contable y bancaria.

También solicita determinar si existe un vínculo de parentesco entre Luis Clavero y Raúl Ezequiel Clavero. El documento deja expresamente planteado que ese parentesco debe ser acreditado por los organismos competentes y no lo presenta como un hecho ya probado.

Entre las medidas solicitadas aparecen informes al Registro de la Propiedad, Catastro, Banco Central, AFIP, Unidad de Información Financiera y Registro de Personas Jurídicas, además de peritajes contables y preservación de documentación.

Una denuncia que pide investigar, no condenar

La presentación realizada ante la Oficina Anticorrupción tiene como objetivo que se abran actuaciones para determinar si existieron incumplimientos vinculados con las declaraciones juradas, un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los recursos declarados y eventuales incompatibilidades o conflictos de intereses.

El escrito también deja una aclaración jurídica importante: quien denuncia sostiene expresamente que no está afirmando la comisión de delitos, sino aportando hechos, indicios y documentación pública para que sean investigados por las autoridades competentes.

En paralelo, el informe patrimonial reconoce limitaciones metodológicas. No fueron verificados directamente los estados bancarios, títulos de propiedad, operaciones bursátiles ni registros tributarios. Es decir, las inconsistencias detectadas surgen fundamentalmente de la comparación de las propias declaraciones patrimoniales y requieren comprobaciones adicionales.

Por eso, el próximo capítulo no pasa solamente por los números de las declaraciones juradas, sino por saber si esos números pueden ser respaldados con documentos, transferencias, títulos, contratos, movimientos bancarios y operaciones financieras.

La cuestión central queda planteada: si las diferencias responden a errores de carga, cambios de criterio de valuación, documentación incompleta o movimientos perfectamente justificables, la investigación debería permitir aclararlo. Si, por el contrario, existen fondos, activos u operaciones que no pueden ser explicados documentalmente, el expediente podría adquirir otra dimensión.

Por ahora, lo que existe es un conjunto de inconsistencias documentales que fue puesto en conocimiento de organismos de control y de la Justicia. Y, mientras no haya una resolución que determine responsabilidades, corresponde mantener la presunción de inocencia de Raúl Ezequiel Clavero.