Mar del Plata bajo sospecha por entidades que alquilan espacios sin permisos ni garantías de seguridad

Un nuevo foco de conflicto se abrió en Mar del Plata tras denuncias que apuntan a distintas sociedades de fomento por el uso irregular de sus sedes. Entre los casos mencionados aparece la Sociedad de Fomento Fortunato de la Plaza, donde se realizarían alquileres de salones, eventos nocturnos y actividades religiosas sin habilitación ni seguros correspondientes.

Según lo expuesto, en ese espacio funcionarían cultos religiosos los domingos, pese a que el estatuto de estas instituciones establece que no deben involucrarse en actividades políticas ni religiosas. A esto se suma el alquiler del salón para fiestas privadas, incluso en horarios nocturnos, lo que genera cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad y control.

Las denuncias también señalan que estas actividades se estarían desarrollando sin documentación presentada ante el municipio ni ante organismos de contralor. En ese contexto, se menciona que situaciones similares se repetirían en otras entidades barriales como Playa Serena y el barrio El Gaucho.

Uno de los puntos más sensibles es la presunta falta de seguros y habilitaciones para eventos, lo que implicaría un riesgo para quienes asisten. Además, se cuestiona el destino de los fondos recaudados por estos alquileres y la falta de transparencia en su administración.

El tema escala aún más por la posible participación o conocimiento de distintos sectores del Estado. En las acusaciones se menciona la presencia del grupo UTOI en una de las sedes y se apunta a áreas municipales como Asuntos de la Comunidad.

En ese marco, también se señala directamente que Marcelo Sosa, funcionario del área vinculado a Agustín Neme, estaría avalando este tipo de situaciones, lo que suma tensión política al conflicto.

El caso quedó expuesto a partir de testimonios y registros que muestran cómo se ofrecen los salones para eventos privados, con valores definidos y sin referencias a requisitos formales. La situación abre interrogantes sobre los controles municipales y el funcionamiento actual del sistema de sociedades de fomento en la ciudad.