La designación de Julia Lembo al frente del Hospital Blas L. Dubarry de la ciudad bonaerense de Mercedes ya había generado rechazo desde un primer momento por su evidente impronta política. Sin embargo, lo ocurrido este lunes terminó de confirmar, según denuncian, el uso del nosocomio como estructura de apoyo militante.

La recientemente nombrada directora organizó un colectivo de dos pisos utilizado por integrantes del hospital para abandonar sus puestos de trabajo y trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de participar en protestas antigubernamentales.

Las imágenes de las movilizaciones mostraron a Julia Lembo junto al senador Eduardo “Wado” de Pedro, quien habría utilizado a su estructura local de Mercedes para recuperar protagonismo en una escena política de la que quedó marginado tras los últimos comicios legislativos.

También fueron identificadas la jefa de cooperativistas del hospital, Juana García, y la enfermera Silvina Heredia, sobre quien circularon reportes esta semana que la señalarían como futura jefa de Enfermería en reemplazo de postulantes que habrían quedado afuera pese a sus méritos en los concursos.

El uso del hospital como “aguantadero” de militantes de La Cámpora es denunciado desde el año 2020. Bajo esa lógica, según las acusaciones, el intendente Juan Ustarroz y distintos operadores de la organización que lidera De Pedro habrían convertido al Dubarry en una Unidad Básica camuflada, donde se acomodó a familiares y allegados a costa de desmantelar la salud pública mercedina.

La colonización del hospital habría alcanzado límites extremos. Bajo el control de La Cámpora, al menos dos integrantes del personal, una médica y una enfermera, habrían fallecido por sobredosis de opiáceos, específicamente fentanilo.

Los reportes internos sobre tráfico de sustancias no solo fueron ignorados sino que, en una decisión que escandalizó a los propios trabajadores, los señalados fueron ascendidos, blanqueando, según las denuncias, un esquema delincuencial que compartiría la misma estructura jerárquica del organismo.

Lejos de tratarse de hechos aislados, las irregularidades se volvieron una rutina institucional. Las denuncias por mala praxis se multiplican y los vecinos de Mercedes, ante un sistema público deteriorado, ya prefieren viajar a otras ciudades antes que concurrir al Dubarry. La realidad de la guardia refleja el abandono. Los pacientes esperan horas sin asientos suficientes y, en reiteradas ocasiones, se les informa directamente que no hay médicos disponibles.

La desprofesionalización llegó a límites insospechados. Se detectaron recetas con sellos de profesionales ausentes y, en otro episodio que circuló internamente, personal sin formación certificada habría diagnosticado a pacientes utilizando ChatGPT.

La situación descripta adquiere un tono paradójico cuando se cruza con la imagen del personal del Dubarry siendo trasladado a la Capital Federal para marchar, según los organizadores, en defensa de la salud pública. “Mientras el personal es arreado a CABA para inflar la imagen política de Wado de Pedro, los mercedinos aguardan sentados en el piso o directamente no son atendidos”, resume la crítica de quienes siguen de cerca la crisis del hospital.

El escenario completo dibuja el cuadro de un hospital tomado políticamente. A seis años de un proceso que habría desembocado en su desmantelamiento total, el Blas L. Dubarry parece haber dejado de ser, para muchos de sus usuarios, un lugar de atención médica para convertirse en el reflejo de una crisis administrativa, sanitaria y ética que no encuentra, hasta el momento, respuestas desde la gestión provincial ni municipal.